Destapa
El territorio indígena yanomami es un área de 9,6 millones de hectáreas de selva amazónica, ubicada entre los estados de Amazonas y Roraima, en Brasil, y el estado fronterizo de Amazonas, en Venezuela. En este territorio viven los indígenas yanomami, una población de unas 45.000 personas, algunas de las cuales se encuentran en aislamiento voluntario.
Desde los años 80, este territorio ha sido ocupado por los garimpeiros, mineros ilegales que buscan oro. La actividad de los garimpeiros provoca deforestación, contaminación de los ríos con mercurio, inseguridad alimentaria, epidemias y violencia.
Estas circunstancias agravan las consecuencias de la emergencia climática, amenazan la vida de las poblaciones yanomami y tienen impactos sobre sus derechos sexuales y reproductivos:
- La contaminación con mercurio, por ejemplo, provoca daños fetales y malformaciones en las personas que se ven expuestas.
- La deforestación está asociada con la inseguridad alimentaria y con la proliferación de mosquitos vectores de enfermedades como la malaria, que puede provocar abortos involuntarios.
- La actividad minera ilegal, especialmente en zonas de frontera, está relacionada con un aumento del trabajo sexual en bares, cantinas y prostíbulos organizados por los garimpeiros, así como con situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual.
- En la zona ocupada por los garimpeiros se denuncian casos de abusos sexuales contra niñas y adolescentes, situaciones de matrimonio infantil forzado, agresiones sexuales contra menores de edad y captación de menores para la explotación sexual.
- También se registran casos de violencia sexual contra mujeres adultas, como violaciones y embarazos forzados, y las mujeres de la comunidad aseguran que las enfermedades de transmisión sexual han aumentado.
“Anteriormente, las mujeres no padecían estas enfermedades del abdomen. No conocíamos estas enfermedades que dejan lesiones en la piel y hacen sangrar a las mujeres. Después de que los garimpeiros, buscadores de oro, a causa del veneno de la cachaça {aguardiente}, comenzaran a tener relaciones con las mujeres, fue cuando aprendimos el nombre de estas enfermedades. Después de que los garimpeiros codiciosos por el oro dañaran las vaginas de las mujeres, las hicieron enfermar. Por eso, las mujeres ahora están desapareciendo, debido a la letalidad de esta enfermedad (…). En 2020, tres chicas, que tenían alrededor de 13 años, murieron. Los garimpeiros las violaron muchas veces, mientras estaban borrachas de cachaça. Eran muy jóvenes, acababan de tener su primera menstruación”.
Testimonio de una mujer yanomami recogido en el informe “Yanomami bajo ataque”, publicado en 2022 por la asociación Hutukara Yanomami.
La actividad de los garimpeiros ha sido favorecida por el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro. En febrero de 2022, Bolsonaro promulgó un decreto que legalizaba el garimpo, calificándolo como “minería artesanal y de pequeña escala”. El objetivo, según el decreto, era contribuir al “desarrollo sostenible regional y nacional”. Solo en ese año, el garimpo creció un 54% en el territorio indígena yanomami. En total, el mandato de Bolsonaro hizo aumentar la deforestación asociada al garimpo en un 309%, llegando a destruir 5.053 hectáreas de tierras.
En enero de 2023, poco después de asumir su tercer mandato como presidente de Brasil, Lula da Silva decretó el estado de emergencia sanitaria en la tierra indígena yanomami, ocasionado por la grave crisis alimentaria y el aumento de los casos de malaria que padecía la población.
La maquila es un sistema de producción manufacturera, vinculado al sector textil o a la fabricación de partes de automóviles, destinado a productos de exportación. Por regla general, las empresas maquiladoras se establecen en zonas francas o fronterizas dentro de los países y operan para otras empresas transnacionales que se encargan de la comercialización del producto en el extranjero.
Esta deslocalización de las industrias provoca un aumento de los impactos ambientales relacionados con el transporte, la importación de materiales y la exportación de productos manufacturados, entre ellos las emisiones de gases que aceleran el calentamiento global.
Las maquiladoras se instalan en territorios donde generalmente disfrutan de ciertos beneficios, como aranceles favorables, la falta de control ambiental o legislaciones laborales más flexibles. Este sistema de producción forma parte de las dinámicas del capitalismo extractivo, que en este caso no extrae recursos naturales como minerales o grandes extensiones de tierra, sino principalmente recursos humanos.
En Guatemala, se calcula que trabajan en la maquila unas 80.000 personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años. Casi el 80% son madres y jefas de hogares monoparentales. Muchas de ellas no cuentan con formación académica más allá de la escuela primaria y provienen de zonas rurales, según un estudio de la organización Oxfam.
El trabajo en la maquila se caracteriza por altos niveles de precariedad, lo que incluye salarios bajos que no llegan a cubrir las necesidades básicas. También se evidencian amenazas a los derechos sexuales y reproductivos, como el acoso y la violencia sexual, la obligación de presentar periódicamente pruebas de embarazo negativas en el trabajo, la imposibilidad de realizar seguimiento prenatal para las trabajadoras embarazadas y la discriminación contra trabajadoras lesbianas, bisexuales y trans.
“Las mujeres trans, especialmente las que son indígenas, sufren un enorme desarraigo y, a menudo, son rechazadas en sus comunidades de origen y se ven forzadas a desplazarse a las ciudades. En el trabajo en las maquiladoras, están expuestas a sufrir discriminación, acoso y agresiones. No se les permite usar uniformes de mujer ni se respeta el nombre que han adoptado”.
Maritza Velásquez, coordinadora general y presidenta de ATRAHDOM, asociación que defiende los derechos de las trabajadoras domésticas y de la maquila en Guatemala (entrevista propia).
La mayor parte de las empresas maquiladoras en Guatemala se dedican al sector textil, una de las principales fuentes de degradación y contaminación del agua, así como de generación de residuos no reciclables y tóxicos contaminantes a nivel global. De hecho, la industria textil es una de las más contaminantes del mundo, responsable del 10% de las emisiones globales de CO₂, del consumo de 93.000 millones de metros cúbicos de agua cada año y de la generación de productos y residuos, de los cuales el 90% no se reciclan.
En el caso de Guatemala, la industria maquiladora ha sido relacionada con casos de contaminación de drenajes y cuerpos de agua debido al inadecuado tratamiento de las aguas residuales. En 2020, una empresa maquiladora en Mixco, cerca de la Ciudad de Guatemala, fue condenada por la contaminación del sistema de drenaje de agua con líquidos corrosivos. Estas situaciones ponen en peligro el abastecimiento de agua de las poblaciones y pueden agravarse en caso de una sequía derivada del cambio climático.
El glifosato es un herbicida desarrollado y comercializado por la empresa multinacional Bayer-Monsanto y utilizado en la agricultura, generalmente en monocultivos de plantas que han sido modificadas genéticamente para resistir las fumigaciones con este producto, como por ejemplo variedades transgénicas de soja o maíz.
En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró el glifosato como “probablemente cancerígeno en seres humanos”. También se le considera un disruptor endocrino y tiene impactos especialmente graves en la salud sexual y reproductiva: trastornos de fertilidad, abortos espontáneos, nacimiento de bebés con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia, aumento de hospitalizaciones postparto por infecciones, malformaciones congénitas, infecciones e incluso un incremento en la probabilidad de muerte neonatal.
En Brasil, el glifosato es el agroquímico más utilizado en las plantaciones, especialmente en los cultivos de soja, producto del cual el país es el mayor exportador mundial. El uso de agroquímicos provoca la contaminación del suelo, el aire y los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, causando escasez de agua en períodos de sequía agravada por la crisis climática.
Estos productos están vinculados al monocultivo de granos para exportación, como la soja o el maíz. La expansión de la frontera agropecuaria entre estos cultivos y los bosques nativos, junto con la consecuente deforestación, es uno de los factores que reducen la capacidad de absorción de los gases que contribuyen al calentamiento global y, en consecuencia, aceleran los impactos del cambio climático.
La soja se exporta a diferentes países, entre ellos estados europeos, para la alimentación del ganado porcino en las llamadas macrogranjas: establecimientos de ganadería intensiva que generan una alta contaminación ambiental y un elevado consumo de agua.
La expansión de los monocultivos en Brasil también despoja a las comunidades indígenas, quilombolas y campesinas de las tierras donde viven y cultivan los alimentos necesarios para su supervivencia y el desarrollo de sus prácticas culturales.
En regiones como Mato Grosso, donde se encuentran las mayores extensiones de monocultivos de Brasil (principalmente de soja, maíz y algodón) y donde se ha registrado un aumento en el uso de glifosato, la tasa de abortos espontáneos duplica la media nacional: 9 abortos por cada 10.000 embarazos, cuando la media en el país es de 4 por cada 10.000. Otros estudios afirman que la cantidad de hospitalizaciones por abortos espontáneos es mayor en las regiones con mayor superficie de plantaciones y mayor uso de agroquímicos.
Una investigación del medio Reporter Brasil señala que 51 de los 56 diputados que votaron a favor de eliminar restricciones para facilitar la aprobación del uso de agroquímicos se autodenominan diputados “provida”. Son los mismos que en 2024 impulsaron un proyecto de ley para equiparar el aborto con el homicidio. Entre estos legisladores se encuentran 14 militares y policías (incluyendo jefes, sargentos, coroneles, comisarios, generales y capitanes), así como dos pastores religiosos.
En Colombia, el glifosato ha sido utilizado para la eliminación de los llamados “cultivos ilícitos”, como la coca o el cannabis. El herbicida fue empleado en una estrategia estatal que utilizaba aviones de las fuerzas armadas para la aspersión aérea del producto. De esta manera, se logró erradicar plantaciones no autorizadas, pero también se contaminaron accidentalmente cultivos de subsistencia, cuerpos de agua e incluso núcleos de población, provocando enfermedades, muerte de animales y destrucción de pastizales naturales.
En el marco de estas fumigaciones, se han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de Yaneth Valderrama y Doris Alape, dos mujeres que fueron rociadas con el producto mientras se encontraban en sus hogares en comunidades rurales de Colombia. Yaneth Valderrama sufrió un aborto espontáneo y falleció poco después de entrar en contacto con el químico, mientras que Doris Alape dio a luz de manera prematura a un bebé que murió días después del parto y desarrolló complicaciones de salud que derivaron en enfermedades crónicas incapacitantes.
GARIMPO
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El territorio indígena yanomami es un área de 9,6 millones de hectáreas de selva amazónica, ubicada entre los estados de Amazonas y Roraima, en Brasil, y el estado fronterizo de Amazonas, en Venezuela. En este territorio viven los indígenas yanomami, una población de unas 45.000 personas, algunas de las cuales se encuentran en aislamiento voluntario.
Desde los años 80, este territorio ha sido ocupado por los garimpeiros, mineros ilegales que buscan oro. La actividad de los garimpeiros provoca deforestación, contaminación de los ríos con mercurio, inseguridad alimentaria, epidemias y violencia.
Estas circunstancias agravan las consecuencias de la emergencia climática, amenazan la vida de las poblaciones yanomami y tienen impactos sobre sus derechos sexuales y reproductivos:
- La contaminación con mercurio, por ejemplo, provoca daños fetales y malformaciones en las personas que se ven expuestas.
- La deforestación está asociada con la inseguridad alimentaria y con la proliferación de mosquitos vectores de enfermedades como la malaria, que puede provocar abortos involuntarios.
- La actividad minera ilegal, especialmente en zonas de frontera, está relacionada con un aumento del trabajo sexual en bares, cantinas y prostíbulos organizados por los garimpeiros, así como con situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual.
- En la zona ocupada por los garimpeiros se denuncian casos de abusos sexuales contra niñas y adolescentes, situaciones de matrimonio infantil forzado, agresiones sexuales contra menores de edad y captación de menores para la explotación sexual.
- También se registran casos de violencia sexual contra mujeres adultas, como violaciones y embarazos forzados, y las mujeres de la comunidad aseguran que las enfermedades de transmisión sexual han aumentado.
“Anteriormente, las mujeres no padecían estas enfermedades del abdomen. No conocíamos estas enfermedades que dejan lesiones en la piel y hacen sangrar a las mujeres. Después de que los garimpeiros, buscadores de oro, a causa del veneno de la cachaça {aguardiente}, comenzaran a tener relaciones con las mujeres, fue cuando aprendimos el nombre de estas enfermedades. Después de que los garimpeiros codiciosos por el oro dañaran las vaginas de las mujeres, las hicieron enfermar. Por eso, las mujeres ahora están desapareciendo, debido a la letalidad de esta enfermedad (…). En 2020, tres chicas, que tenían alrededor de 13 años, murieron. Los garimpeiros las violaron muchas veces, mientras estaban borrachas de cachaça. Eran muy jóvenes, acababan de tener su primera menstruación”.
Testimonio de una mujer yanomami recogido en el informe “Yanomami bajo ataque”, publicado en 2022 por la asociación Hutukara Yanomami.
La actividad de los garimpeiros ha sido favorecida por el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro. En febrero de 2022, Bolsonaro promulgó un decreto que legalizaba el garimpo, calificándolo como “minería artesanal y de pequeña escala”. El objetivo, según el decreto, era contribuir al “desarrollo sostenible regional y nacional”. Solo en ese año, el garimpo creció un 54% en el territorio indígena yanomami. En total, el mandato de Bolsonaro hizo aumentar la deforestación asociada al garimpo en un 309%, llegando a destruir 5.053 hectáreas de tierras.
En enero de 2023, poco después de asumir su tercer mandato como presidente de Brasil, Lula da Silva decretó el estado de emergencia sanitaria en la tierra indígena yanomami, ocasionado por la grave crisis alimentaria y el aumento de los casos de malaria que padecía la población.
maquila
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La maquila es un sistema de producción manufacturera, vinculado al sector textil o a la fabricación de partes de automóviles, destinado a productos de exportación. Por regla general, las empresas maquiladoras se establecen en zonas francas o fronterizas dentro de los países y operan para otras empresas transnacionales que se encargan de la comercialización del producto en el extranjero.
Esta deslocalización de las industrias provoca un aumento de los impactos ambientales relacionados con el transporte, la importación de materiales y la exportación de productos manufacturados, entre ellos las emisiones de gases que aceleran el calentamiento global.
Las maquiladoras se instalan en territorios donde generalmente disfrutan de ciertos beneficios, como aranceles favorables, la falta de control ambiental o legislaciones laborales más flexibles. Este sistema de producción forma parte de las dinámicas del capitalismo extractivo, que en este caso no extrae recursos naturales como minerales o grandes extensiones de tierra, sino principalmente recursos humanos.
En Guatemala, se calcula que trabajan en la maquila unas 80.000 personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años. Casi el 80% son madres y jefas de hogares monoparentales. Muchas de ellas no cuentan con formación académica más allá de la escuela primaria y provienen de zonas rurales, según un estudio de la organización Oxfam.
El trabajo en la maquila se caracteriza por altos niveles de precariedad, lo que incluye salarios bajos que no llegan a cubrir las necesidades básicas. También se evidencian amenazas a los derechos sexuales y reproductivos, como el acoso y la violencia sexual, la obligación de presentar periódicamente pruebas de embarazo negativas en el trabajo, la imposibilidad de realizar seguimiento prenatal para las trabajadoras embarazadas y la discriminación contra trabajadoras lesbianas, bisexuales y trans.
“Las mujeres trans, especialmente las que son indígenas, sufren un enorme desarraigo y, a menudo, son rechazadas en sus comunidades de origen y se ven forzadas a desplazarse a las ciudades. En el trabajo en las maquiladoras, están expuestas a sufrir discriminación, acoso y agresiones. No se les permite usar uniformes de mujer ni se respeta el nombre que han adoptado”.
Maritza Velásquez, coordinadora general y presidenta de ATRAHDOM, asociación que defiende los derechos de las trabajadoras domésticas y de la maquila en Guatemala (entrevista propia).
La mayor parte de las empresas maquiladoras en Guatemala se dedican al sector textil, una de las principales fuentes de degradación y contaminación del agua, así como de generación de residuos no reciclables y tóxicos contaminantes a nivel global. De hecho, la industria textil es una de las más contaminantes del mundo, responsable del 10% de las emisiones globales de CO₂, del consumo de 93.000 millones de metros cúbicos de agua cada año y de la generación de productos y residuos, de los cuales el 90% no se reciclan.
En el caso de Guatemala, la industria maquiladora ha sido relacionada con casos de contaminación de drenajes y cuerpos de agua debido al inadecuado tratamiento de las aguas residuales. En 2020, una empresa maquiladora en Mixco, cerca de la Ciudad de Guatemala, fue condenada por la contaminación del sistema de drenaje de agua con líquidos corrosivos. Estas situaciones ponen en peligro el abastecimiento de agua de las poblaciones y pueden agravarse en caso de una sequía derivada del cambio climático.
glifosato
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El glifosato es un herbicida desarrollado y comercializado por la empresa multinacional Bayer-Monsanto y utilizado en la agricultura, generalmente en monocultivos de plantas que han sido modificadas genéticamente para resistir las fumigaciones con este producto, como por ejemplo variedades transgénicas de soja o maíz.
En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró el glifosato como “probablemente cancerígeno en seres humanos”. También se le considera un disruptor endocrino y tiene impactos especialmente graves en la salud sexual y reproductiva: trastornos de fertilidad, abortos espontáneos, nacimiento de bebés con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia, aumento de hospitalizaciones postparto por infecciones, malformaciones congénitas, infecciones e incluso un incremento en la probabilidad de muerte neonatal.
En Brasil, el glifosato es el agroquímico más utilizado en las plantaciones, especialmente en los cultivos de soja, producto del cual el país es el mayor exportador mundial. El uso de agroquímicos provoca la contaminación del suelo, el aire y los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, causando escasez de agua en períodos de sequía agravada por la crisis climática.
Estos productos están vinculados al monocultivo de granos para exportación, como la soja o el maíz. La expansión de la frontera agropecuaria entre estos cultivos y los bosques nativos, junto con la consecuente deforestación, es uno de los factores que reducen la capacidad de absorción de los gases que contribuyen al calentamiento global y, en consecuencia, aceleran los impactos del cambio climático.
La soja se exporta a diferentes países, entre ellos estados europeos, para la alimentación del ganado porcino en las llamadas macrogranjas: establecimientos de ganadería intensiva que generan una alta contaminación ambiental y un elevado consumo de agua.
La expansión de los monocultivos en Brasil también despoja a las comunidades indígenas, quilombolas y campesinas de las tierras donde viven y cultivan los alimentos necesarios para su supervivencia y el desarrollo de sus prácticas culturales.
En regiones como Mato Grosso, donde se encuentran las mayores extensiones de monocultivos de Brasil (principalmente de soja, maíz y algodón) y donde se ha registrado un aumento en el uso de glifosato, la tasa de abortos espontáneos duplica la media nacional: 9 abortos por cada 10.000 embarazos, cuando la media en el país es de 4 por cada 10.000. Otros estudios afirman que la cantidad de hospitalizaciones por abortos espontáneos es mayor en las regiones con mayor superficie de plantaciones y mayor uso de agroquímicos.
Una investigación del medio Reporter Brasil señala que 51 de los 56 diputados que votaron a favor de eliminar restricciones para facilitar la aprobación del uso de agroquímicos se autodenominan diputados “provida”. Son los mismos que en 2024 impulsaron un proyecto de ley para equiparar el aborto con el homicidio. Entre estos legisladores se encuentran 14 militares y policías (incluyendo jefes, sargentos, coroneles, comisarios, generales y capitanes), así como dos pastores religiosos.
En Colombia, el glifosato ha sido utilizado para la eliminación de los llamados “cultivos ilícitos”, como la coca o el cannabis. El herbicida fue empleado en una estrategia estatal que utilizaba aviones de las fuerzas armadas para la aspersión aérea del producto. De esta manera, se logró erradicar plantaciones no autorizadas, pero también se contaminaron accidentalmente cultivos de subsistencia, cuerpos de agua e incluso núcleos de población, provocando enfermedades, muerte de animales y destrucción de pastizales naturales.
En el marco de estas fumigaciones, se han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de Yaneth Valderrama y Doris Alape, dos mujeres que fueron rociadas con el producto mientras se encontraban en sus hogares en comunidades rurales de Colombia. Yaneth Valderrama sufrió un aborto espontáneo y falleció poco después de entrar en contacto con el químico, mientras que Doris Alape dio a luz de manera prematura a un bebé que murió días después del parto y desarrolló complicaciones de salud que derivaron en enfermedades crónicas incapacitantes.
defiende
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El heteropatriarcado, el colonialismo, el imperialismo, el capacitismo y el racismo se superponen e interactúan para sostener el modelo capitalista neoliberal. Estas estructuras de poder alimentan la discriminación y violencia contra las mujeres, las personas LGBTIQ+, las comunidades racializadas y las personas con discapacidad, quienes enfrentan violencias específicas, entre las que destaca la violencia sexual como herramienta de control y dominación.
Los discursos de odio contra los derechos y la salud sexuales y (no) reproductivos de las mujeres y la población LGBTIQ+, así como contra la mal llamada “ideología de género”, se han convertido en el caballo de batalla de la agenda de la extrema derecha. Estos discursos, una vez instalados en el poder, se traducen en necropolíticas que desmantelan lo colectivo y privan a las personas de derechos fundamentales, como el acceso al aborto, la educación sexoafectiva y el derecho a una vida libre de violencias y discriminación. Más allá del avance del discurso, estas políticas niegan el derecho a la existencia misma, restringiendo el acceso a las condiciones materiales necesarias para sostener la vida.
Reconocer que el modelo económico capitalista neoliberal se basa en la devaluación de la vida y provoca la emergencia climática, negando el acceso a las condiciones materiales necesarias para sostenerla y deshumanizando a ciertos cuerpos, comunidades y territorios.
Además, la extrema derecha combina estos discursos con narrativas negacionistas sobre el cambio climático, promoviendo falsas soluciones que perpetúan el modelo extractivista, pilar fundamental del capitalismo neoliberal. A su vez, la emergencia climática intensifica las desigualdades de género, limitando el acceso a servicios básicos como la salud sexual y reproductiva, especialmente en comunidades desplazadas o empobrecidas. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ enfrentan mayores barreras para acceder al aborto seguro, la anticoncepción y la educación sexoafectiva en contextos de crisis climática, lo que agrava su vulnerabilidad. Además, los desplazamientos forzados por conflictos ambientales exponen a estas poblaciones a un mayor riesgo de violencia sexual, afectando gravemente su salud integral y bienestar.
Basada en relaciones de poder y extractivismo, que han provocado enormes desigualdades en cuanto a las responsabilidades e impactos el cambio climático y que exigen una mirada de justicia restaurativa, con relación a la deuda ecológica.
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Los feminismos, en toda su diversidad — incluyendo los ecofeminismos, feminismos comunitarios, decoloniales, la perspectiva interseccional y otras corrientes—, son claves para confrontar los diferentes sistemas de opresión (capitalismo, racismo, colonialismo, heteropatriarcado, capacitismo, etc.) y promover la reproducción social y de la vida como alternativa al modelo neoliberal. A lo largo de la historia, los feminismos no solo han desafiado al patriarcado y al capitalismo, sino que también han estado en la primera línea de las luchas por la justicia climática, denunciando la privatización del agua, la minería extractiva, la deforestación y el expolio de los territorios. Los feminismos no solo ofrecen una crítica estructural a los sistemas de opresión, sino que también proponen alternativas basadas en la interdependencia, el cuidado mutuo y la defensa de los bienes comunes, colocando la vida —humana y no humana— en el centro de la organización social.
Reconocer que las mismas estructuras de opresión que impiden la justicia climática obstaculizan la justicia sexual y reproductiva, ya que ambas están atravesadas por dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad, el extractivismo y la discriminación. La emergencia climática y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos no son fenómenos aislados, sino que forman parte de un mismo entramado de opresiones que explotan territorios, cuerpos y comunidades en beneficio de un sistema económico y político que prioriza el lucro sobre la vida.
El saqueo de recursos naturales, el desplazamiento forzado de comunidades y la precarización de la vida como consecuencia de la crisis climática impactan de manera desproporcionada a mujeres, personas LGBTIQ+ y poblaciones racializadas, limitando aún más su autonomía y derechos sexuales y reproductivos. Del mismo modo, la negación de estos derechos responde a los mismos intereses que buscan controlar cuerpos y poblaciones para sostener un modelo de desarrollo desigual y excluyente.
Por ello, abordar la justicia climática y la justicia sexual y reproductiva de manera conjunta no solo es un imperativo ético, sino una estrategia política clave para desmontar las raíces de estas opresiones y construir un futuro sostenible y equitativo. Solo a través de una acción coordinada y transversal podremos garantizar sociedades más justas, donde la defensa de los cuerpos y de los territorios esté en el centro de la transformación social.
Frente a la reproducción del capital, los feminismos han evidenciado que el capitalismo, responsable de la emergencia climática y de la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, se sostiene mediante la devaluación de la vida y de la reproducción social, explotando cuerpos y territorios, deshumanizando ciertas vidas y ciertas comunidades. La reproducción de la vida no solo desafía la lógica del capital, sino también el modelo extractivista que despoja a las comunidades de sus recursos. Integrar los cuidados, tanto humanos como del planeta, es una estrategia feminista clave para redefinir las prioridades hacia la sostenibilidad y la justicia.
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Convocamos a los movimientos sociales a unir sus luchas, reconociendo que la justicia climática y la justicia sexual y reproductiva son inseparables. Esto implica exigencias en las políticas de los estados para que prioricen la sostenibilidad ambiental y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, especialmente en contextos de emergencia climática.
Se llama a las organizaciones a unir esfuerzos para confrontar conjuntamente a los poderes opresores de forma transgresora y auto organizada.
L’Associació pels Drets Sexuals i Reproductius
Observatori del Deute en la Globalització
Plataforma Unitària contre les Violències de Gènere
Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
Red Ecofemnista LAC/ Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir