El Dpt. de Salut es copromet en contra de la llei d’avortament
La Xarxa de Dones per la Salut va celebrar ahir el 28 de maig, Dia Internacional de la Salut de les Dones, amb un acte que va definir un front comú en contra de l’aprovació de l’Avantprojecte de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA del Govern del PP.
En aquest acte hi van participar, com a Fila 0, membres de la Societat Catalana de Sexologia, la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, la Societat Catalana de Contracepció, el Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Fòrum Català d’Atenció Primària, l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, l’Associació Catalana de Llevadores, l’Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l’Embaràs, l’Associació de Dones Juristes, la Federació de Sanitat de CCOO, la Campanya pel Dret a l’Avortament i representants dels grups polítics de CiU, d’ERC, del PSC i d’ICV-EUiA. Tots aquests grups van deixar clar el seu posicionament en contra de la reforma i van demanar al Govern de Catalunya que adoptés les mesures necessàries per a que no tiri endavant i, en cas que sigui així, que es posin tots els mitjans possibles per a la protecció del dret de les dones a decidir sobre el propi cos i a garantir el dret d’exercir i la seguretat de les persones professionals.
El Dr. Francesc Sancho i Serena, Secretaria de Participació Local i Social en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va manifestar el compromís del Govern català per fer front a aquesta Contrareforma i per definir els canals d’accés a la interrupció de l’embaràs per a les dones i per a la pràctica segura i de qualitat dels i les professionals. Malgrat tot, va deixar clar que encara no hi havia cap circuit dissenyat perquè s’estava esperant saber com acaba tot el procés i a quin text legislatiu definitiu s’haurà de respondre.
Els representants que van parlar a la Fila 0 van fer diverses demandes directes al Govern de Catalunya entre les quals estava la pressió que pot exercir al Consell Interterritorial, la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat i la necessitat immediata de dissenyar un circuit que pugui garantir l’accés de les dones a aquesta prestació sanitària i la seguretat dels i les professionals.
Aquest acte, ha marcat un abans i un després, perquè va permetre traslladar al Govern de Catalunya el rebuig frontal de la societat civil, la societat científica i representants polítics davant de la possible aprovació d’aquesta llei. Es van aconseguir compromisos imprescindibles que s’hauran d’assumir des del Departament de Salut i, a la vegada, va ser el punt de partida per establir ponts de diàleg i sinergies, que ara són imprescindibles, entre el món sanitari, el moviment feminista i les institucions i representants polítiques per tal de fer front a una ofensiva moralista i irresponsable que torna a posar en joc els drets, la salut i la vida de les dones.
Perquè les lleis han de garantir drets i no abolir-los, perquè les lleis han de protegir a les persones i no posar en risc la seva vida; volem dret a decidir, dret a decidir-ho tot.
Per a més informació, podeu contactar amb
Sílvia Aldavert al 663 917 170, Carme Catalán al 616 938 162 o Montse Pineda 629 988 394
Carta abierta al Govern publicada al Diario de Mallorca signada per Médicos Mundo, Dones per a la Salut, y Dret a Decidir Mallorca
Nina Parrón, Mª José Hernández, Ana Mª Olivares En 1994 la cuarta conferencia internacional sobre población y desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, constituyó un hito tanto en las políticas de población como en la agenda de salud y derechos sexuales y reproductivos de la población mundial. Su programa de acción fue firmado por 179 países, entre ellos el Estado español, y recoge una serie de objetivos, relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que debían alcanzarse en el 2015.
La llamada “conferencia de El Cairo” ha significado un enorme paso adelante para los derechos de las mujeres en la mayoría de los países, inspirando políticas y programas que han mejorado millones de vidas, aunque aún persisten serias carencias y la agenda acordada en El Cairo sigue estando inacabada. Los problemas de salud sexual y reproductiva siguen afectando a millones de personas por causas que fácilmente podrían ser evitadas. Las mujeres, las adolescentes y las comunidades más pobres son las que sufren las consecuencias más graves, tal y como se pone de manifiesto con las siguientes cifras: cada día, 800 mujeres mueren por causas evitables relacionadas con complicaciones del embarazo y del parto; 220 millones de mujeres en los países en desarrollo quieren prevenir un embarazo, pero no tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces ni a servicios de calidad; 15 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años son madres cada año; 47.000 mujeres mueren todos los años debido a abortos inseguros, la gran mayoría en países donde el acceso a abortos seguros está restringido o penalizado por ley; sólo el 34% de las mujeres embarazadas recibe una atención prenatal adecuada en los países de ingresos bajos.
Veinte años después de esta histórica conferencia, Naciones Unidas se reunirá en septiembre no sólo para analizar el nivel de avance y los retos en la implementación del programa de acción hasta ahora, sino también para definir la nueva agenda post-2015. No será un cometido fácil pues nos enfrentamos a distintas ideologías y fundamentalismos contrarios a la ampliación de los derechos de las mujeres. Los derechos y la salud en materia de sexualidad y reproducción son objeto de vivas controversias ideológicas a nivel internacional donde se cuestionan constantemente en nombre de la cultura, la religión o la moral. Igualmente, corren peligro temas tan importantes como la necesidad de asegurar en todos los países una educación sexual integral adaptada a los grados escolares, la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia basada en la orientación sexual e identidad de género y la necesaria y particular atención a las necesidades no atendidas de los y las adolescentes.
Por lo tanto, es esencial que la asamblea general de las Naciones Unidas de septiembre de 2014 contribuya significativamente a la movilización política y a la renovación de compromisos en los ámbitos clave del programa de acción de la CIPD. España, dado que se comprometió con su firma, debe contribuir activamente a la adopción de una agenda ambiciosa para la asamblea general de las Naciones Unidas de 2014 dedicada a la CIPD.
Prioridades que la sociedad civil quiere ver incluidas en el documento final:
-Acceso universal a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad e integral, que atienda a la diversidad y a las necesidades específicas de las personas.
-Responder a las necesidades de salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes, incluida la educación integral sobre sexualidad para los y las adolescentes y jóvenes.
-Eliminación de todas las formas de violencia de género, incluida la violencia por motivo de orientación sexual e identidad de género y el feminicidio.
-Promoción, respeto y protección y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas (incluidos los derechos sexuales y reproductivos).
-Garantizar la rendición de cuentas como elemento clave para el cumplimiento de los todos derechos humanos.
-Vinculación e integración de la salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) en la agenda post 2015.
-Reconocimiento de los consensos y declaraciones regionales de la CIDP+20 que suponen un avance significativo sobre la conferencia de El Cairo.
-Protección y respeto de los derechos sexuales y reproductivos. La inclusión de los derechos sexuales es vital frente a los intentos en contra de los grupos conservadores.
Por este motivo, las organizaciones firmantes, en el día internacional de acción por la salud de las mujeres, le instamos a ejercer su influencia, por los cauces de interlocución legalmente establecidos, para que el Gobierno español renueve y apoye con firmeza su compromiso político y financiero con la CIPD con un claro enfoque basado en los derechos humanos entre los cuales se encuentran los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, le instamos a realizar un atento seguimiento del resultado de esta cita y de los compromisos internacionales asumidos y a garantizar el debido cumplimiento en el ámbito territorial autonómico de su competencia.
El Dpt. de Salut es copromet en contra de la llei d’avortament
El Dr. Francesc Sancho, del Departament de Salut va manifestar el compromís del Govern català per fer front a aquesta Contrareforma i per definir els canals d’accés a l’avortament per a les dones i per a la pràctica segura i de qualitat de professionals. Llegiu més a la NP de la Xarxa de Dones per la Salut.
Con la reforma del aborto quieren psiquiatrizar un problema que no es mental
La experta asegura que no hay “ninguna razón que pueda ligar la patología mental con el aborto”, tal y como se desprende del anteproyecto de ley.
Margarita Sáenz vocal de la asociación española de neurosiquiatría
DONOSTIA – Persiste el rechazo a la reforma del aborto. La plataforma Decidir Nos Hace Libres acaba de presentar en el Congreso de los Diputados casi 217.000 firmas contra el anteproyecto de ley, en un contexto de creciente oposición. “Hay que dejar bien claro que la mujer que aborta no es ninguna enferma mental”, asegura Margarita Sáenz Herrero, vocal de OME-AEN, Asociación Española de Neurosiquiatría en la zona norte.
¿El anteproyecto de la ley del aborto les asigna un papel que no les corresponde?
-Sin duda.
¿Por qué?
-Porque nos están pidiendo que psiquiatricemos un problema que no es mental, sino que más bien guarda relación con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
¿Les otorga un poder que rechazaban?
-No solo eso, sino que además nadie nos ha preguntado sobre esta cuestión. Tanto la Asociación Española de Psiquiatría como la Asociación Española de Neuropsiquiatría no han sido consultadas. Es indignante que, según el anteproyecto, para poder abortar haya que acreditar en un informe firmado por dos psiquiatras el “grave peligro” para la salud psíquica de la mujer. Es indignante porque, siendo así, nadie ha preguntado a los psiquiatras qué papel vamos a jugar en esta historia. Tal y como están las cosas, resulta increíble que no se pueda practicar una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) en el caso de una malformación y, en cambio, sí den el visto bueno cuando dos psiquiatras lo avalan. Es decir, se va a psiquiatrizar muchísimo la IVE.
Hay un veredicto que pasa por sus manos, del que ustedes no quieren saber nada…
-Por supuesto. El problema es que estamos retrocediendo muy atrás en el tiempo. Desaparece por completo el aborto por voluntad propia. Las mujeres ya no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Dónde empieza y acaba la vida? En el caso de una violación, por ejemplo, sí hay vida, y se permite abortar. Pero subyacen cuestiones que tienen que ver con la equidad de género. Parece ser que si la mujer ha sido “mancillada o violada” sí se justifica el aborto, pero si estamos hablando de vida, habría que hablar de ella en todos los supuestos, como puede ser el de la malformación.
¿Las mujeres para poder abortar tienen que ser definidas como enfermas mentales?
-Exacto. Es lo que va a pasar con este proyecto de ley. Van a tener que ser psiquiatrizadas para poder abortar. O pasará lo que ocurría antes, que muchas mujeres acudirán a otros países a interrumpir el embarazo, y quienes no tienen medios económicos tendrán que hacerlo clandestinamente. Hay que dejar bien claro que la mujer que aborta no es ninguna enferma mental. No hay ninguna razón que pueda ligar la enfermedad mental al aborto. Se trata de una decisión libre de la mujer.
¿Un informe que aluda a esa mala salud mental de la mujer no podría condicionarla en un futuro, por ejemplo, a la hora de defender la custodia de sus hijos?
-Claro, puede tener una importante repercusión en un futuro. Se actúa como un inquisidor contra la propia mujer. Si la psiquiatrizamos, es lo que va a ocurrir, a no ser que los profesionales nos neguemos a este tipo de actuaciones, porque estamos hablando de un derecho de la salud, y no de una enfermedad mental.
¿Siente que exista una instrumentalización de los psiquiatras que pueda encubrir cierta ideología?
-Sin duda. Existe una instrumentalización en la que, insisto, nadie nos ha pedido ni voz ni voto. Cuando uno presenta un proyecto de ley, este tiene que venir avalado por las sociedades científicas. Se han pedido informes a una treintena de entidades, pero a nosotros nada. No ha habido contactos, ni ningún tipo de comunicación ni diálogo.
¿Han planteado movilizarse?
-Hemos realizado escritos críticos, pero no ha habido movilizaciones. He llegado a pensar que se trata de una estrategia política para ir introduciendo modificaciones a posteriori y, en la medida que se incluyan, se de la sensación de cierta flexibilidad. Desde luego que dentro de las filas del PP tiene que haber mucha gente que no está de acuerdo con este proyecto.
¿Aboga porque continúe vigente la actual ley de plazos?
-Estaba de acuerdo con ella. Es una ley que incluía el aborto como un derecho más dentro de la salud. Hasta la semana 14 de gestación no había que justificar nada.
Los datos, además, reflejan que no ha habido precisamente un incremento de abortos estos años…
-Así es. Si con la ley en vigor se hubiera visto un incremento sustancial, se podría plantear de otro modo, pero no es el caso…
¿Se plantean la objeción?
-Es una opción. Todavía no nos hemos posicionado, pero igual que hay médicos que se acogen a esa objeción para no realizar IVE por sus creencias, también se podría hacer en sentido contrario. ¿Por qué vamos a psiquiatrizar a una mujer? ¿Porque quiera abortar?