España, uno de los países europeos con peor evolución en el índice mundial de igualdad de género
Fue En 2006 CUANDO El Foro Económico Mundial comenzo un elaborar el índice Mundial de Igualdad de Género. Entonces, España consiguio Estar Entre los once Países Donde La Brecha de Género Pequeña Más época. Nueve Años Después, embargo de pecado, sí ha Convertido en Uno de Los Dos Países Europeos, junto a Grecia, Que peor Evolución ja Registrado en Igualdad, según rubro El último Informe Que Acaba de Publicar el Foro.
España consigue this Año El Número de Puesto 29 de 142 Países en la Taxonomic. Se mantiene ASI En Una Taxonomic parecida a la del Año Pasado, Cuando el Foro Económico Situo al País en la posicion Número 30. Se Trata De Una “ligera mejoría”, Como menciona el Propio Informe, Pero AÚN Queda Lejos de Sus Mejores Registros.
En LOS ULTIMOS años, España Ha pasado de Estar en la Parte Alta de la tabla una Caer Casi veinte Puestos. En 2006, España consiguio la posicion de una vez, El Puesto Mismo Que obtuvó es 2010, año à partir del cual sea comenzo un caer en la tabla Hasta Llegar a Lugar Do real. En Europa, en solitario Grecia SUPERA ESTE descalabro: ha caido 22 Puestos baño Jahr Ocho.
Alrededor de 4,2 millones de mayores de 50 años viven con VIH
a prevalencia mundial en este grupo de población se ha doblado en los últimos veinte años
Jesús Damieta – 17/10/2014
Nuevos y convincentes datos publicados en la edición digital de la revista AIDS revelan el aumento de la edad de las personas afectadas por la epidemia de VIH. Partiendo de las tasas de prevalencia del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA) se ha estimado que el número de personas mayores de 50 años con VIH habría alcanzado los 4,2 millones, más del doble que en 1995. El dato resulta consistente con los aportados a través de otras fuentes. En concreto, la información disponible por medio de encuestas nacionales por hogares confirma el aumento de las infecciones por VIH en este grupo de edad.
Existen varias posibles explicaciones para este fenómeno, pero parecen ser especialmente relevantes la eficacia de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), establecida a mediados de los noventa y que ha producido una mejora espectacular en la esperanza de vida de las personas con VIH, y el aumento del número de nuevas infecciones por el virus entre la gente de más edad.
Para poder hacer una planificación coherente de los servicios médicos necesarios para atender esta situación, es necesario conocer de forma precisa la extensión de la epidemia entre las personas mayores, sobre todo por la relación que parece existir entre la infección por VIH y el desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento (véase La Noticia del Día 29/09/2014)
Los investigadores de ONUSIDA realizaron una estimación del número total de personas mayores con VIH a partir de sus propios datos. Asimismo, compararon estas cifras con las obtenidas a partir de distintas encuestas nacionales por hogares, de cara a comprobar la fiabilidad de la estimación.
Como resultado se obtuvo para 2013 un total estimado de mayores de 50 años con VIH de alrededor de 4,2 millones. De este total, la mayor parte se concentró en el África subsahariana, donde el número de personas con más de 50 años con VIH se estimó en 2,5 millones.
Entre 1995 y 2013 se habría producido un incremento constante del número de mayores de 50 años con VIH , de tal modo que la prevalencia final sería más del doble que la inicial. El crecimiento se constató en todos los grupos de edad, aunque en distinto grado: la prevalencia se dobló en el grupo de 50 a 54 años, aumentó en un tercio en el grupo de 55 a 59 años y aumentó en un cuarto en el grupo de 60 a 64 años.
Las encuestas nacionales coincidieron, en líneas generales, con las estimaciones de ONUSIDA. En el grupo de hombres de 50 a 54 años la prevalencia estimada fue un 10% menor que la revelada en las encuestas, y en el grupo de edad de 55 a 59 años la prevalencia fue un 27% menor. No obstante, un examen posterior reveló que estas comparaciones no eran lo suficientemente significativas debido a un insuficiente tamaño muestral. En el caso de las mujeres, los resultados de las encuestas nacionales se hallaron dentro del rango situado entre el 2 y el 10% de las estimaciones de ONUSIDA. En cuatro países en los que se realizaron encuestas tanto para hombres como para mujeres los resultados de las mismas se hallaron dentro del rango situado entre el 10 y el 15% de las estimaciones para el grupo de edad de menores de 60 años.
Los datos de ambas fuentes confirmaron la creciente prevalencia del VIH entre las personas mayores durante los últimos años.
El equipo de investigación señaló tres importantes implicaciones que se derivan de sus hallazgos: En primer lugar, que es necesario expandir los servicios para afrontar las complejas necesidades de las personas que viven con el VIH. En segundo lugar, que debe prestarse más atención a la prevención del VIH en personas mayores de 50 años. Por último, la necesidad de realizar mayores esfuerzos para obtener datos fiables sobre la epidemia de VIH en personas mayores, paso necesario para comprender el alcance del impacto que genera.
Fuente: Aidsmap / Elaboración propia (gTt-VIH).
Referencia: Mahy M et al. Increasing trends in HIV prevalence among people aged 50 years and older: evidence from estimates and survey data. AIDS 28, online edition. DOI: 10/1097/QAD.0000000000000479, 2014.
La violencia de género es un abuso de derechos humanos
Durante mucho tiempo, demasiado tiempo, se consideró que la violencia contra la mujer era un problema privado que no debía ni podía comentarse en público. Se esperaba que las mujeres que eran víctimas de abusos por parte de sus parejas o de extraños los sufrieran en silencio. Las que sí denunciaban sus experiencias a las autoridades no podían contar en ningún caso con una respuesta empática.
Eso está cambiando. En parte porque los roles masculinos y femeninos tradicionales continúan experimentado una transformación importante, notable durante los últimos decenios en la Unión Europea, lo que significa que un mayor número de mujeres pueden llevar la vida que quieren por sus propios medios y trabajar en todas las parcelas de la economía y a todos los niveles. Y en parte porque los derechos humanos han adquirido una mayor relevancia dentro de la agenda europea. Porque la violencia contra la mujer es claramente un abuso de derechos humanos.
La existencia de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, que tengo el privilegio de dirigir, es también una prueba de la creciente importancia de los derechos humanos. La Agencia va a ser distinguida hoy con el premio anual del Observatorio español contra la violencia doméstica y de género, lo que demuestra que las autoridades españolas se toman también en serio el problema de la violencia contra la mujer.
Y que nadie se llame a engaño: se trata de un problema que tiene que tomarse muy en serio. El estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales, basado en entrevistas a más 42.000 mujeres en los 28 Estados miembros de la UE, ha demostrado que un tercio de todas las mujeres en la UE han sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas.
Necesitamos un debate público que contrarreste la normalización del acoso a la mujer
Esta cifra es impactante. Y hay otras. Una de las formas más nuevas y siniestras de violencia contra la mujer es el acoso cibernético, que afecta a las jóvenes en particular. Se ven inundadas de mensajes abusivos por teléfono, correo electrónico y plataformas sociales. Nuestra investigación indica que una quinta parte de las mujeres de entre 18 y 29 años de edad han sufrido acoso cibernético. Algunas empresas de medios sociales han sido notablemente lentas en su respuesta a estas violaciones.
Incluso en la cuestión de la igualdad de trato en el trabajo, que muchos consideran un problema del pasado, nos queda todavía mucho camino por recorrer. En España, el 50 % de las mujeres entrevistadas declararon que habían sufrido acoso sexual, muchas de ellas en el trabajo. Y el hecho de tener estudios superiores o un puesto directivo no protege a las mujeres de este tipo de abusos: en la UE, el 75 % de las mujeres que ocupan puestos de alta dirección han sufrido acoso sexual.
No estamos hablando de un problema marginal de un grupo marginal, sino de la mitad de la población. Por eso necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer.
Una forma de hacerlo es a través de la legislación. Otra forma debe ser mediante una cooperación mayor y reforzada entre la policía, las empresas, los médicos y otros profesionales sanitarios. Pero sobre todo, tiene que promoverse un debate público a todos los niveles de la sociedad que contrarreste la normalización de la violencia y el acoso contra la mujer en nuestra cultura e insista en que el hecho de acosar o golpear a una mujer es inaceptable.
Para ello, los hombres tienen que verse implicados —e implicarse ellos mismos— en el debate. No es ningún secreto que los autores de las agresiones contra mujeres son mayoritariamente varones. Por consiguiente, es obvia la necesidad urgente de cambiar ese rol masculino que justifica no solo el uso de la violencia contra la mujer, sino también contra la sociedad en su conjunto, si queremos combatir con eficacia la violencia contra la mujer.
No debemos ser pesimistas. Hace apenas dos meses entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, el llamado Convenio de Estambul: España es uno de los ocho Estados miembros de la UE que lo ha ratificado. Se trata de un paso en la dirección correcta. Las cifras que hemos obtenido en la Agencia de los Derechos Fundamentales son impactantes. Pero nos ayudan a revelar la magnitud del problema y, con ello, a romper los tabúes que lo rodean. Ese es, también, un paso en la dirección correcta. Para seguir recorriendo ese camino, cada uno de nosotros —tanto hombres como mujeres— tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué puedo hacer mejor?
Morten Kjaerum es el director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Ya no estamos discutiendo el aborto: menores e interrupción voluntaria del embarazo
El Gobierno se ha agarrado al aborto de las menores para intentar revertir lo que hasta ahora es una derrota política. Quieren contentar a los sectores más extremistas de su base social con un asunto que ya había sido explotado a raíz de la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de 2010. Lo hacen con una cuestión cuantitativamente menor, pero de gran significado simbólico. Confían, quizá con razón, que enfrentarán una menor oposición. ¿Acaso no fue un exceso haber ampliado a las menores la posibilidad de abortar sin mayores limitaciones? ¿Es que la mayoría de edad no es un umbral relevante y razonable? ¿Es que los padres de las menores no tienen aquí nada que decir? La respuesta a todo ello es que no, pero es importante argumentarlo.
Creo que hay dos razones en las que insistir. En primer lugar, más claramente incluso que en la discusión general sobre el aborto, lo que aquí está en cuestión es la autonomía de las mujeres, no el grado de protección de los fetos. En segundo lugar, los 18 años que se presentan como una vuelta a la normalidad son, en realidad, una excepción. Veámoslo.
La protección legal que merezcan los fetos, sea cual sea, es independiente de la edad de la madre. En esta afirmación ha de coincidir cualquiera con independencia de cuáles sean sus convicciones sobre el valor moral de los fetos humanos. Lo importante en esta discusión es, pues, otra cosa: qué grado de libertad vamos a admitir legalmente para las mujeres de entre 16 y 18 años, de acuerdo con presunciones generales sobre su madurez. El Gobierno y los sectores que lo apoyan actúan como si esto fuera una discusión sobre el aborto y sus límites razonables. No es así.
En Estados Unidos -como agudamente ha observado Slavoj Žižek- los sectores derechistas a la hora de debatir sobre servicios sociales han logrado reducir la discusión a la imagen de la madre soltera que parasita las prestaciones. En cambio, para la discusión sobre el aborto la imagen que han impuesto es la de la mujer profesional, sexualmente promiscua, que ve la maternidad como un obstáculo a sus ambiciones. Nada importa que sean o no casos relevantes o que no capten en absoluto los respectivos asuntos. Una vez que han logrado imponerse -aprovechando prejuicios sexistas, lugares comunes y resentimientos de clase previos- juegan un papel destacado en la formación de la opinión pública, haciendo especialmente complicado presentar razones enfrentadas a estos estereotipos.
En nuestro caso, la imagen que se pretende promover es la adolescente irresponsable y promiscua que recurre frívolamente al aborto y frente a la que sus responsables y preocupados padres nada pueden oponerle, atados como están por la legislación abortista. Por eso conciben la reforma que quieren imponer como limitadora del aborto. Pero esa imagen ni siquiera considera la posibilidad inversa: la de que la legislación actual estaría protegiendo a la virtuosa joven madre que defiende el fruto de su vientre frente a las maniobras de sus malvados padres (madres) abortistas.
Así, volvemos al comienzo: la regulación de la edad es neutra respecto al aborto. Que facilite o dificulte la decisión de abortar dependerá de las variables visiones implicadas y de cómo en cada caso se planteasen los conflictos. La reforma no es neutra, en cambio, respecto a la libertad de las mujeres: supone una limitación clara e injustificada y el aumento de la tutela paternalista respecto a decisiones sobre su cuerpo, su embarazo y su vida. Supone actualizar la idea de que las mujeres son incapaces, irracionales y necesitadas de tutela.
Esto nos lleva al segundo argumento. Establecer la edad legal para que las mujeres decidan por ellas mismas sobre su embarazo en los 18 años dista de ser razonable. Es cierto que se beneficia de la potente noción de la “mayoría de edad”. Pero la apelación a la mayoría de edad sugiere que la reforma de 2010 (que situó en los 16 la edad en la que las mujeres pueden decidir respecto al aborto, incluso sin consentimiento de los padres) habría establecido una excepción a la regla general. La realidad fue precisamente la contraria. Desde la Ley básica de autonomía del paciente de 2002 la regla general a efectos del consentimiento informado son los 16 años. Esa ley estableció, sin embargo, tres excepciones: en la IVE, los ensayos clínicos y la reproducción asistida la edad relevante para el consentimiento sí que era los 18 años. La reforma de 2010 suprimió la excepción en el caso de la IVE. No creó una excepción para el aborto, sino que lo incorporó al criterio general: a efectos de este tipo de decisiones la “mayoría de edad” son los 16 años, no los 18.
Que haya consentimientos válidos antes de los 18 años no es privativo de las decisiones en el ámbito sanitario. La edad mínima para que las relaciones sexuales se puedan considerar consentidas es 13 años (art. 183 del Código Penal). El plan del Gobierno es aumentar esa edad. Pero incluso si lo hicieran, las mujeres de entre 16 y 18 años podrían prestar su consentimiento para tener relaciones sexuales pero no, en cambio, para interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres. Una paradoja que se repetiría con el matrimonio: podrían contraer matrimonio desde los 16 años (desde los 14 antes de la reforma del Código civil de 2013), pero no abortar. Cabe barruntar la concepción subyacente: que sean los maridos quienes asuman el papel de los padres. Como en los viejos tiempos, pues de lo que se trata es de que las mujeres estén tuteladas.
Así pues, volver a los 18 años sería retroceder a la excepcionalidad de la IVE respecto al resto de decisiones sanitarias. Y ello sin generar mayor protección legal de los fetos, sino simple y llanamente -y sin siquiera la habitual coartada de tal protección- una mayor limitación a la libertad de las mujeres. Algo que viniendo de quien viene no es de extrañar, pero que ha de ser respondido contundentemente.