A medida que la pandemia global de la COVID-19 se intensifica asistimos al impacto específico que tiene sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas LGTBIQ+. En este momento vemos multiplicadas las ya de por sí existentes barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y comprometida su disponibilidad alrededor del mundo.
La respuesta de los gobiernos e instituciones se ha centrado en el control de la pandemia y en atender a las personas infectadas. Esto ha demostrado de manera cruenta la necesidad fundamental de la asistencia sanitaria universal como a un pilar fundamental para un sistema sanitario eficaz y para una sociedad justa.
Ante la falta de medios y de recursos para poder hacer frente a la pandemia, en muchos países la mayoría de las profesionales sanitarias han sido derivadas a atender y controlar la crisis. Como consecuencia, los servicios especializados de atención a la salud sexual y reproductiva han sido cerrados y/o han visto mermada su actividad en diferentes intensidades.
Las medidas de restricción de movimientos y de confinamiento para la población agravan todavía más las barreras para la atención a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, las medidas de confinamiento hacen que muchas mujeres no puedan acceder a anticonceptivos orales, de emergencia ni al ejercicio del derecho al aborto bien por tener restringidos los movimientos bien por el miedo a exponerse al virus al tener que desplazarse para conseguirlo.
Vemos como en muchos lugares se imponen medidas restrictivas al derecho al aborto. Por ejemplo en los estados de Ohio y Texas se ha prohibido el ejercicio del aborto mientras dura la crisis. Y, alrededor del mundo, se alzan las voces de los grupos fundamentalistas y anti-derechos exigiendo que se cancelen los servicios de aborto y que las clínicas acreditadas se deriven a la atención de enfermos/as de COVID-19, como ya hemos oído en el Estado español. Se aprovecha, de esta manera una crisis global para imponer una ideología que se sustenta en la negación de derechos humanos.
Pero también vemos respuestas inspiradoras y comprometidas surgidas des del trabajo colectivo entre las profesionales y las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos para dar respuesta a las necesidades vitales de las mujeres. Es el caso de Inglaterra, de Irlanda y de Escocia donde se han aprobado con carácter de urgencia instrucciones que permiten a las mujeres el aborto farmacológico en el domicilio, asistido y acompañado por servicios de telemedicina. En Catalunya, el Departament de Salut está preparando una regulación especial a través de la cual agilizará el acceso a servicios de aborto que reducirá a tan solo 1 las visitas a los centros de salud y también será apoyado via telemedicina. Y, vemos a las entidades especializadas de base, comunitarias, al tejido asociativo y a las profesionales de la salud sexual y reproductiva a diario en primeria línea de la emergencia garantizando a la población el acceso a estos servicios.
Con toda seguridad, los efectos económicos, laborales y sociales desatados por la crisis del COVID-19 incrementarán los niveles de precariedad y pobreza de las mujeres. Esto probablemente provocará que la necesidad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo sea aún mayor. Sabemos que muchos de los sectores laborales más expuestos al virus y por tanto al contagio son ocupados por mujeres: trabajadoras del hogar y los cuidados, profesionales sanitarias, trabajadoras de supermercados, etc. En un escenario de alto riesgo de contagio y también en caso de sufrir la enfermedad podemos esperar también un augmento de las mujeres que optarán por la interrupción voluntaria del embarazo.
Adicionalmente, las restricciones de movimiento acompañadas de medidas punitivas y sancionadoras afectan de manera desproporcionada a aquellos colectivos más vulnerabilizados y más estigmatizados como son las personas transgénero, las personas viviendo con VIH y las trabajadoras sexuales que se enfrentarán a mayor grado de violencia institucional.
Como alertan activistas y entidades especializadas, en muchos lugares desde que estalló la crisis, el cribado de enfermedades de transmisión sexual ha sido suspendido por considerarse un servicio no urgente. Así mismo, las personas viviendo con VIH, han visto su acceso a terapia antirretroviral comprometido, requiriendo la ayuda del tejido asociativo para poder obtenerla en un hospital cercano.
También es necesario visibilizar que se pone en duda la provisión de tratamiento hormonal para las personas transgénero que lo requieran y se ha suspendido la asistencia de afirmación de género en muchos lugares del planeta. Cabe recordar que el colectivo trans sufre un fuerte estigma social tanto a nivel general como en el ámbito sanitario. Ese estigma, combinado con el estado de alarma actual, el confinamiento y las incesantes llamadas a no colapsar los servicios hospitalarios o de atención primaria conlleva con total certeza un menor acceso a tratamiento hormonal esencial. Esto también comporta una reducción de acceso a otros cuidados esenciales, que ya de por si es precaria en el colectivo trans.
A toda esta situación se añade que los distribuidores internacionales se muestran preocupados por la escasez de productos en los próximos meses debido al cierre total de la actividad en la India y al cierre que se dio en China ya que son dos de los mayores proveedores de métodos anticonceptivos y de tecnología para el aborto. Se teme, por esta causa, un gran desabastecimiento en muchos países, que afectará especialmente a todos aquellos que se enfrentan a más problemas económicos y, como siempre, a los colectivos minorizados.
Como alerta el Fondo de Población de Naciones Unidas: “La pandemia también está teniendo un impacto en las cadenas de suministro. El cierre de fronteras y las limitaciones a los flujos de entrega de los fabricantes en los países están afectando de manera negativa la importación, la disponibilidad y la distribución de anticonceptivos, medicamentos esenciales para la salud materna y otros medicamentos esenciales, incluidos medicamentos antirretrovirales”.
Anteriores pandemias, han demostrado como el impacto de género y la división sexual y racial del trabajo en la que se sustenta el sistema económico agrava la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas LGBTQI+. Ha quedado demostrado como, en momentos de pandemia, se incrementan de manera desproporcionada las políticas discriminatorias.
Por todo ello, y en estos momentos de crisis todavía más los servicios de salud sexual y reproductiva siguen siendo servicios urgentes y vitales para las necesidades de las mujeres y personas LGTBIQ+.
Como defensoras de derechos sexuales y reproductivos instamos a los gobiernos e instituciones que desarrollen e implementen medidas creativas dotadas de recursos y medios, centradas en las personas y construidas junto con las profesionales y las defensoras de derechos sexuales y reproductivos para garantizar estos derechos a toda la población. Con este objetivo ponemos y nos ponemos a disposición con todas nuestras capacidades, conocimiento, expertez y voluntad colaborativa de servicio público proponiendo la necesidad de:
Así pues, hay que seguir y seguiremos atentas y vigilantes a los acontecimientos, con el objetivo que la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia no añada más vulneraciones ni discriminaciones que empeoren la salud y bienestar de la población.
Agradecemos de nuevo, desde la solidaridad, reconocimiento y admiración, la labor de todas las trabajadoras del sector público de la salud. Su esfuerzo y dedicación en aspectos como la prevención, la cura, la investigación y el acompañamiento, que procuran y defienden como bien común a pesar de las dificultades, consiguen que la atención sea la mejor posible, incluso en una situación como la actual.
Estamos aquí para cuidarnos entre todas. ¡Lo conseguiremos!