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Los conservadores bloquean un informe sobre salud sexual en la Eurocàmara

Los eurodiputados conservadores han bloqueado esta mañana la votación de un informe sobre derechos sexuales y reproductivos en el Parlamento Europeo. El documento, que debía recibir hoy el visto bueno del pleno de la Eurocámara, urgía a los países a implantar programas de educación sexual obligatorios en colegios e institutos, a garantizar la disponibilidad de anticonceptivos baratos o gratuitos, a no criminalizar el aborto o a evitar que se discrimine a mujeres solas o lesbianas en el acceso a los tratamientos de fertilidad. Sin embargo, el texto no se ha votado. Tras las reticencias al documento de parlamentarios liberaldemócratas (ALDE), populares (PPE) y conservadores reformistas (ECR), este se ha devuelto a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de la Eurocámara para ser retocado.

El informe, elaborado por la socialista portuguesa Edite Estrela, había sido objeto de polémica durante las últimas semanas entre los grupos políticos y los lobbies más conservadores, queconsideran que la introducción de contenidos obligatorios de educación sexual en las escuelas significa conceder a los estados la potestad de la educación en esa materia, en lugar de a los padres. Un argumento muy similar al que han manejado en España decenas de familias objetoras a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. También se oponían al contenido del informe que hace referencia al aborto seguro y la objeción de conciencia.

“Hay una campaña en toda Europa de los sectores más conservadores para frenar la legislación más progresista. Hay quienes quieren incluso que las leyes actuales en materia de salud sexual y reproductiva retrocedan 30 años, como ocurre en España con el derecho al aborto”, critica Estrela por teléfono desde Estrasburgo, donde se iba a votar el informe, haciendo referencia a la modificación de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El documento elaborado por Estrela solicita también a los Estados miembro que garantizasen a sus ciudadanas el acceso a un aborto seguro o que, si en sus países está prohibido, que se abstengan de evitar que las mujeres viajen a otros Estados para someterse a las intervenciones.

El documento de la socialista portuguesa documenta también que ni siquiera en todos los países donde la interrupción voluntaria del embarazo está permitida es sencillo acceder a ella. El panorama que dibuja es desigual entre los 27 países de la UE. En algunos, como Italia, Eslovaquia o Hungría, donde el 70% de los médicos se niegan por razones de conciencia a practicar esta intervención, las mujeres lo tienen muy difícil. “La objeción siempre tiene que ser un derecho individual y no colectivo y no puede suponer la imposibilidad de que una persona pueda acceder a un servicio sanitario”, indica Estrela. En su documento reclama también a los países que prohíben o restringen esta práctica hasta hacerla casi inaplicable –como Malta, Polonia o Irlanda– que no criminalicen a las mujeres que se sometan a ella ni a los médicos que la practiquen.

Reclamaciones criticadas por organizaciones como la Comisión de Episcopados Católicos de la Comunidad Europe a (Comece), que han argumentado que toda competencia relacionada con la interrupción del embarazo o la salud sexual son del Estado y no de la UE.

Además de la solicitud del acceso a un aborto seguro, el documento que debía votarse hoy pide en un gran número de puntos a los países que apliquen más medidas de prevención y de educación para frenar el embarazo adolescente y la transmisión de enfermedades. Solicita a los Estados miembros que garanticen a toda la población métodos y centros de planificación familiar adecuados a sus necesidades, e insiste en que los recortes económicos y la crisis no pueden suponer un lastre para el acceso a los anticonceptivos y otros elementos importantes en materia de salud reproductiva, como las mamografías o las revisiones ginecológicas.

Puntos fundamentales para la diputada socialista española Iratxe García, que ha criticado el veto de los conservadores al informe. “Un grupo retrógrado y conservador ha intentado bloquear esta iniciativa que lucha contra la desigualdad de las mujeres en materia de salud sexual”, denuncia por teléfono. “Es alarmante que se esté rechazando votar un informe que habla de prevención del embarazo adolescentes, de salud sexual y de aborto seguro”, añade.

Plaza teme que con el bloqueo y la vuelta del informe a la Comisión de Mujer éste no salga adelante en esta legislatura, que finaliza en abril. Estrela, sin embargo, es más optimista e insiste en que se le dará prioridad. “Tampoco creo que con las enmiendas y modificaciones se toque el fondo, solo la forma”, considera la portuguesa.

Nuevo retraso en la ley del aborto

La reforma del aborto se retrasa de nuevo. No se aprobará este mes de octubre, el último plazo que dio el ministro Gallardón. Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde también ha resaltado que el proyecto está “avanzadísimo”, aunque asume la responsabilidad para introducir aún más cambios.

Es el cuarto retraso que acumula la polémica reforma, como consecuencia de una división de opiniones dentro del Gobierno durante su elaboración. “Si no cumplimos la matemática exacta, agosto, septiembre y octubre, sería porque nos demorasemos unas semanas en la presentación del proyecto”, ha insistido.

L’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB)

és una entitat no governamental interdisciplinària d’àmbit autonòmic formada per persones interessades en la salut afectiva i sexual i la planificació familiar. Alhora, treballa d’una forma transversal la dimensió de gènere que aquesta temàtica implica de forma molt important. Es va constituir a Barcelona l’any 1982, arran del sorgiment dels Centres de Planificació Familiar.

Justicia asegura a las asociaciones de mujeres que aún no tiene un anteproyecto de ley del aborto

La amenaza de cambiar la ley del aborto lleva meses sobre la mesa. Sin embargo, el ministerio aún no tiene un borrador de la reforma. Así se lo ha transmitido el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, a varias representantes de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres en la reunión que han mantenido hoy. El ministerio sí ha manifestado su voluntad de que el anteproyecto de ley esté listo a lo largo de este trimestre.

La Plataforma lleva meses pidiendo un encuentro con el ministerio para tratar la reforma del aborto que Gallardón ha anunciado en tantas ocasiones. La primera vez que lo solicitaron fue en septiembre de 2012, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando Justicia las ha citado. El ministerio, sin embargo, no ha les concretrado ninguna de las líneas de la próxima ley ni tampoco a qué expertos está consultando.

“Nos llama la atención que después de tantos anuncios y noticias no hayan podido concretarnos nada. Les hemos transimitido la necesidad de no generar alarma: muchas mujeres llegan ahora a las clínicas preguntando si lo que van a hacer es legal o no, precupadas. Están generando un daño a las mujeres: si ahora hay una ley vigente dejemos que la gente siga acogiéndose a ella sin miedo”, ha dicho la portavoz de la plataforma, Isabel Serrano. El secretario de Estado no les ha confirmado ni desmentido ninguna de las afirmaciones de Gallardón sobre la futura norma. Por ejemplo, su intención de eliminar la posibilidad de abortar en caso de malformación del feto.

Fernando Román sí ha admitido que la norma ahora vigente tiene presunción de constitucionalidad. “Hemos recordado que la ley actual tiene presunción de constitucionalidad, hasta que se demuestre lo contrario. El secretario de Estado nos ha dado la razón y no ha argumentado cuál es entonces la razón para cambiar la ley”, ha dicho Serrano. Román les ha explicado también que la reforma está debatiéndose entre varios ministerios y en el propio Consejo de Ministros.

“La única razón que nos ha dado para cambiar la ley es que hay debate y necesidad social. En las clínicas desde luego vemos todo lo contrario: con esta ley hay más seguridad entre los profesionales y entre las mujeres que acuden”, asegura Blanca Cañero, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai). La asociación ultima un informe en el que, basándose en cientos de entrevistas a mujeres que acuden a las clínicas, concluyen que la mayoría acudirían a abortos clandestinos si la ley les impidera interrumpir voluntariamente su embarazo. “Las que se lo pudieran permitir económicamente se irían fuera a hacerlo”, dice Cañero.

La Plataforma ha ofrecido a sus expertas en, por ejemplo, derecho constitucional o diagnóstico prenatal, y enviará información al ministerio para que sea tenida en cuenta “no solo a posteriori, sino también antes de elaborar el anteproyecto”. “Pedimos un debate sensato, que tenga en cuenta todos los elementos sanitarios, jurídicos y sociales”, concluyen.