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Con la reforma del aborto quieren psiquiatrizar un problema que no es mental

La experta asegura que no hay “ninguna razón que pueda ligar la patología mental con el aborto”, tal y como se desprende del anteproyecto de ley.

Margarita Sáenz vocal de la asociación española de neurosiquiatría

DONOSTIA – Persiste el rechazo a la reforma del aborto. La plataforma Decidir Nos Hace Libres acaba de presentar en el Congreso de los Diputados casi 217.000 firmas contra el anteproyecto de ley, en un contexto de creciente oposición. “Hay que dejar bien claro que la mujer que aborta no es ninguna enferma mental”, asegura Margarita Sáenz Herrero, vocal de OME-AEN, Asociación Española de Neurosiquiatría en la zona norte.

¿El anteproyecto de la ley del aborto les asigna un papel que no les corresponde?

-Sin duda.

¿Por qué?

-Porque nos están pidiendo que psiquiatricemos un problema que no es mental, sino que más bien guarda relación con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

¿Les otorga un poder que rechazaban?

-No solo eso, sino que además nadie nos ha preguntado sobre esta cuestión. Tanto la Asociación Española de Psiquiatría como la Asociación Española de Neuropsiquiatría no han sido consultadas. Es indignante que, según el anteproyecto, para poder abortar haya que acreditar en un informe firmado por dos psiquiatras el “grave peligro” para la salud psíquica de la mujer. Es indignante porque, siendo así, nadie ha preguntado a los psiquiatras qué papel vamos a jugar en esta historia. Tal y como están las cosas, resulta increíble que no se pueda practicar una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) en el caso de una malformación y, en cambio, sí den el visto bueno cuando dos psiquiatras lo avalan. Es decir, se va a psiquiatrizar muchísimo la IVE.

Hay un veredicto que pasa por sus manos, del que ustedes no quieren saber nada…

-Por supuesto. El problema es que estamos retrocediendo muy atrás en el tiempo. Desaparece por completo el aborto por voluntad propia. Las mujeres ya no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Dónde empieza y acaba la vida? En el caso de una violación, por ejemplo, sí hay vida, y se permite abortar. Pero subyacen cuestiones que tienen que ver con la equidad de género. Parece ser que si la mujer ha sido “mancillada o violada” sí se justifica el aborto, pero si estamos hablando de vida, habría que hablar de ella en todos los supuestos, como puede ser el de la malformación.

¿Las mujeres para poder abortar tienen que ser definidas como enfermas mentales?

-Exacto. Es lo que va a pasar con este proyecto de ley. Van a tener que ser psiquiatrizadas para poder abortar. O pasará lo que ocurría antes, que muchas mujeres acudirán a otros países a interrumpir el embarazo, y quienes no tienen medios económicos tendrán que hacerlo clandestinamente. Hay que dejar bien claro que la mujer que aborta no es ninguna enferma mental. No hay ninguna razón que pueda ligar la enfermedad mental al aborto. Se trata de una decisión libre de la mujer.

¿Un informe que aluda a esa mala salud mental de la mujer no podría condicionarla en un futuro, por ejemplo, a la hora de defender la custodia de sus hijos?

-Claro, puede tener una importante repercusión en un futuro. Se actúa como un inquisidor contra la propia mujer. Si la psiquiatrizamos, es lo que va a ocurrir, a no ser que los profesionales nos neguemos a este tipo de actuaciones, porque estamos hablando de un derecho de la salud, y no de una enfermedad mental.

¿Siente que exista una instrumentalización de los psiquiatras que pueda encubrir cierta ideología?

-Sin duda. Existe una instrumentalización en la que, insisto, nadie nos ha pedido ni voz ni voto. Cuando uno presenta un proyecto de ley, este tiene que venir avalado por las sociedades científicas. Se han pedido informes a una treintena de entidades, pero a nosotros nada. No ha habido contactos, ni ningún tipo de comunicación ni diálogo.

¿Han planteado movilizarse?

-Hemos realizado escritos críticos, pero no ha habido movilizaciones. He llegado a pensar que se trata de una estrategia política para ir introduciendo modificaciones a posteriori y, en la medida que se incluyan, se de la sensación de cierta flexibilidad. Desde luego que dentro de las filas del PP tiene que haber mucha gente que no está de acuerdo con este proyecto.

¿Aboga porque continúe vigente la actual ley de plazos?

-Estaba de acuerdo con ella. Es una ley que incluía el aborto como un derecho más dentro de la salud. Hasta la semana 14 de gestación no había que justificar nada.

Los datos, además, reflejan que no ha habido precisamente un incremento de abortos estos años…

-Así es. Si con la ley en vigor se hubiera visto un incremento sustancial, se podría plantear de otro modo, pero no es el caso…

¿Se plantean la objeción?

-Es una opción. Todavía no nos hemos posicionado, pero igual que hay médicos que se acogen a esa objeción para no realizar IVE por sus creencias, también se podría hacer en sentido contrario. ¿Por qué vamos a psiquiatrizar a una mujer? ¿Porque quiera abortar?

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Entregan en el Congreso 217.000 firmas contra la “restrictiva” reforma de la ley del aborto

Las 217.000 firmas de ciudadanos en contra de la reforma de la actual ley del aborto propuesta por el Gobierno han recibido el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición, durante el acto de entrega simbólica en el Congreso de los Diputados.
Las plataformas ciudadanas Decidir nos hace libres y Avaaz han trasladado al Parlamento varias cajas con la postura en contra de la reforma del aborto y han reclamado que se debata este asunto en la campaña electoral de las elecciones europeas. El acto ha quedado inmortalizado con una foto frente a la puerta principal del Congreso de los Diputados, a la que se han sumado la candidata socialista en las europeas, Elena Valenciano, y portavoces de grupos parlamentarios, como Soraya Rodríguez (PSOE), Gaspar Llamazares y Asunción de las Heras (Izquierda Plural) y Joan Baldoví, Olaia Fernández y Uxue Barcos (Grupo Mixto). Plataformas ciudadanas “Queremos reconvertir las campañas electorales en un espacio de diálogo y debate donde los ciudadanos podamos entrar en el Congreso a hablar sobre temas que nos preocupan”, ha dicho el portavoz de Avaaz, Luis Morago, quien ha interpretado estas firmas “como el reflejo de la oposición de un amplísimo sector de la sociedad” a la reforma del aborto. Para Morago, “leyes restrictivas disparan los abortos clandestinos y generan desigualdades entre mujeres”. Desde la plataforma Decidir nos hace Libres, Marisa Soleto ha destacado que “la entrega de firmas en el Congreso es a modo informativo, porque es el lugar donde se tiene que decidir sobe el anteproyecto”: “Creemos que es importante que tenga eco el rechazo a esta nueva ley que vulnera los derechos de las mujeres”, ha opinado Soleto. PSOE recomienda castigar en las urnas al PP La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha asegurado que el anteproyecto presentado por el Gobierno “no puede ser negociado, ni mejorado, sino retirado” y ha recomendado castigar en las urnas al PP en los próximos comicios europeos. “El 25 de mayo los hombres y las mujeres tienen la posibilidad de decir con su voto un no rotundo a este anteproyecto de ley, porque si el PP pierde las elecciones, será retirado y por eso lo tienen escondido en un cajón”, ha señalado. BNG y Compromís Queremos reconvertir las campañas electorales en un espacio de diálogo y debate La diputada del BNG Olaia Fernández ha agradecido el esfuerzo a las plataformas “porque representan a la sociedad civil” y ha defendido la actual regulación del aborto, “que fue consensuada y que responde a la necesidades actuales que tiene las mujeres”. El diputado de Compromís, Joan Baldomí, ha indicado que no va a permitir que “unos señores decidan lo que tiene que hacer mis hijas” y ha planteado que pregunten a los ciudadanos, a través de un referendo, si están de acuerdo con la nueva ley.

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Ruiz-Gallardón planea llevar al Congreso en julio su ley del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene previsto que el proyecto de ley del aborto inicie en julio su tramitación en el Congreso con la celebración del pleno de las enmiendas a la totalidad del texto, según indicaron a EL PAÍS fuentes del Gobierno. El Ejecutivo mantiene inalterable su intención de aprobar la polémica ley, una vez que ha logrado evitar que el trámite coincida con la precampaña y la campaña de las elecciones europeas del 25 de mayo. Los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, necesarios antes de aprobar el definitivo proyecto de ley en el Consejo de Ministros, están bloqueados en esos organismos.

Tanto el presidente del Gobierno como el ministro han insistido públicamente en las últimas horas en la intención de seguir adelante con la tramitación de la norma que deroga la actual ley de plazos para sustituirla por una ley de supuestos más restrictiva que la que estuvo en vigor entre 1985 y 2010. Mariano Rajoy se remite al último programa electoral del PP y Gallardón se enrocó este miércoles en el Congreso en la defensa de su proyecto.

El argumento de ambos para justificar la reforma es que se trata de la misma normativa que el PSOE mantuvo 25 años. Gallardón lo explicó así en su respuesta a la socialista Elena Valenciano: “Si es una ley perversa, señoría, yo le pregunto: ¿Cómo es posible que durante 25 años estuviese vigente en España y que ustedes no la protestasen? ¿Cómo es posible que el último Gobierno socialista durante ocho años no la quisiera cambiar? ¿Y cómo es posible que ni siquiera introdujeran la propuesta de cambio en el último programa con el que concurrieron a las elecciones?”

El calendario previsto empieza por recibir en junio los informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, para llevar el texto de nuevo al Consejo de Ministros, que aprobaría el proyecto de ley para su remisión inmediata al Congreso en julio. Para eso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, según confirmó un alto cargo de este departamento, ya tiene previsto que se habilite julio para celebrar varios plenos en los que se incluiría el debate y aprobación de otras leyes en trámite, incluida la del aborto y la Ley Orgánica del Poder judicial, “si para entonces han pasado por el Consejo de Ministros”.

A partir de septiembre se iniciaría el plazo de enmiendas parciales y el resto de trámite de la ley del aborto, con la idea de que pueda salir de las Cortes a final de año. De esa forma, se alejaría en lo posible la polémica norma de las municipales y autonómicas de mayo, en las que el PP se juega su hegemonía territorial, después de que, además, destacados barones regionales hayan cuestionado la reforma legal. Las palabras de Rajoy y Gallardón en los dos últimos días rebaten, en todo caso, la idea de que un mal resultado del PP en las europeas podría hacerles desistir de la reforma legal. Fuentes del Gobierno aseguran que no hay más opción que negociar el contenido con el resto de grupos, pero sin renunciar al principio de la ley de supuestos. Solo una parte de CiU, los diputados de Unió, comparten la derogación de la actual ley de plazos.

El Gobierno tiene previsto matizar la supresión del supuesto de malformación del feto que el anteproyecto supedita al daño a la salud de la madre. Y el Ejecutivo se inclina por introducir esta modificación en el Consejo de Ministros, para intentar negociar luego otros matices en el Parlamento. Pero, en todo caso, manteniendo la ley de supuestos

El anteproyecto de ley del aborto se aprobó en Consejo de Ministros a finales de diciembre y lleva desde entonces pendiente de los informes preceptivos no vinculantes. Cinco meses después, la ponente conservadora del Consejo General del Poder Judicial aún no ha entregado su proyecto de informe al pleno de la institución. Otros organismos con mayoría y control conservador, como el Consejo Fiscal, no han iniciado aún su discusión. Lo harán justo después de las europeas. Otras leyes mucho más complicadas técnicamente se informan en la mitad de tiempo, como ocurre en este momento, por ejemplo, con la Ley del Poder Judicial, que tiene más de 600 artículos, frente a los 10 de la del aborto.

Gracias a esa demora en los informes, el Gobierno ha sacado de la campaña la polémica reforma. La socialista Valenciano reprochó a Gallardón esta maniobra: “Las elecciones están siendo una táctica disuasoria estupenda para esconder el proyecto, pero ¿sabe qué pasa? Que en España hay muchas mujeres que hoy se preguntan si el aborto es legal o no, y decisiones de vida de esas mujeres dependen de sus juegos, de sus tácticas electorales, y a eso no hay derecho. Piénselo bien y apelo a su responsabilidad. A pesar del rechazo que sabe que esta ley está provocando, y por esto la tienen escondida en periodo electoral, ¿va a traer esa ley al Parlamento?”.

Gallardón le respondió acusándola de desconocer los trámites y se esforzó en explicar que no ha habido tal demora en los informes: “Que un anteproyecto de ley esté siendo informado por los órganos consultivos en un plazo, por cierto, no superior al que tardaron en informar el proyecto de 2010, y calificarlo de esconderlo… Perdóneme, pero está usted ofendiendo al Consejo del Poder Judicial y al Consejo Fiscal”, dijo.

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