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Ya no estamos discutiendo el aborto: menores e interrupción voluntaria del embarazo

El Gobierno se ha agarrado al aborto de las menores para intentar revertir lo que hasta ahora es una derrota política. Quieren contentar a los sectores más extremistas de su base social con un asunto que ya había sido explotado a raíz de la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de 2010. Lo hacen con una cuestión cuantitativamente menor, pero de gran significado simbólico. Confían, quizá con razón, que enfrentarán una menor oposición. ¿Acaso no fue un exceso haber ampliado a las menores la posibilidad de abortar sin mayores limitaciones? ¿Es que la mayoría de edad no es un umbral relevante y razonable? ¿Es que los padres de las menores no tienen aquí nada que decir? La respuesta a todo ello es que no, pero es importante argumentarlo.

Creo que hay dos razones en las que insistir. En primer lugar, más claramente incluso que en la discusión general sobre el aborto, lo que aquí está en cuestión es la autonomía de las mujeres, no el grado de protección de los fetos. En segundo lugar, los 18 años que se presentan como una vuelta a la normalidad son, en realidad, una excepción. Veámoslo.

La protección legal que merezcan los fetos, sea cual sea, es independiente de la edad de la madre. En esta afirmación ha de coincidir cualquiera con independencia de cuáles sean sus convicciones sobre el valor moral de los fetos humanos. Lo importante en esta discusión es, pues, otra cosa: qué grado de libertad vamos a admitir legalmente para las mujeres de entre 16 y 18 años, de acuerdo con presunciones generales sobre su madurez. El Gobierno y los sectores que lo apoyan actúan como si esto fuera una discusión sobre el aborto y sus límites razonables. No es así.

En Estados Unidos -como agudamente ha observado Slavoj Žižek- los sectores derechistas a la hora de debatir sobre servicios sociales han logrado reducir la discusión a la imagen de la madre soltera que parasita las prestaciones. En cambio, para la discusión sobre el aborto la imagen que han impuesto es la de la mujer profesional, sexualmente promiscua, que ve la maternidad como un obstáculo a sus ambiciones. Nada importa que sean o no casos relevantes o que no capten en absoluto los respectivos asuntos. Una vez que han logrado imponerse -aprovechando prejuicios sexistas, lugares comunes y resentimientos de clase previos- juegan un papel destacado en la formación de la opinión pública, haciendo especialmente complicado presentar razones enfrentadas a estos estereotipos.

En nuestro caso, la imagen que se pretende promover es la adolescente irresponsable y promiscua que recurre frívolamente al aborto y frente a la que sus responsables y preocupados padres nada pueden oponerle, atados como están por la legislación abortista. Por eso conciben la reforma que quieren imponer como limitadora del aborto. Pero esa imagen ni siquiera considera la posibilidad inversa: la de que la legislación actual estaría protegiendo a la virtuosa joven madre que defiende el fruto de su vientre frente a las maniobras de sus malvados padres (madres) abortistas.

Así, volvemos al comienzo: la regulación de la edad es neutra respecto al aborto. Que facilite o dificulte la decisión de abortar dependerá de las variables visiones implicadas y de cómo en cada caso se planteasen los conflictos. La reforma no es neutra, en cambio, respecto a la libertad de las mujeres: supone una limitación clara e injustificada y el aumento de la tutela paternalista respecto a decisiones sobre su cuerpo, su embarazo y su vida. Supone actualizar la idea de que las mujeres son incapaces, irracionales y necesitadas de tutela.

Esto nos lleva al segundo argumento. Establecer la edad legal para que las mujeres decidan por ellas mismas sobre su embarazo en los 18 años dista de ser razonable. Es cierto que se beneficia de la potente noción de la “mayoría de edad”. Pero la apelación a la mayoría de edad sugiere que la reforma de 2010 (que situó en los 16 la edad en la que las mujeres pueden decidir respecto al aborto, incluso sin consentimiento de los padres) habría establecido una excepción a la regla general. La realidad fue precisamente la contraria. Desde la Ley básica de autonomía del paciente de 2002 la regla general a efectos del consentimiento informado son los 16 años. Esa ley estableció, sin embargo, tres excepciones: en la IVE, los ensayos clínicos y la reproducción asistida la edad relevante para el consentimiento sí que era los 18 años. La reforma de 2010 suprimió la excepción en el caso de la IVE. No creó una excepción para el aborto, sino que lo incorporó al criterio general: a efectos de este tipo de decisiones la “mayoría de edad” son los 16 años, no los 18.

Que haya consentimientos válidos antes de los 18 años no es privativo de las decisiones en el ámbito sanitario. La edad mínima para que las relaciones sexuales se puedan considerar consentidas es 13 años (art. 183 del Código Penal). El plan del Gobierno es aumentar esa edad. Pero incluso si lo hicieran, las mujeres de entre 16 y 18 años podrían prestar su consentimiento para tener relaciones sexuales pero no, en cambio, para interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres. Una paradoja que se repetiría con el matrimonio: podrían contraer matrimonio desde los 16 años (desde los 14 antes de la reforma del Código civil de 2013), pero no abortar. Cabe barruntar la concepción subyacente: que sean los maridos quienes asuman el papel de los padres. Como en los viejos tiempos, pues de lo que se trata es de que las mujeres estén tuteladas.

Así pues, volver a los 18 años sería retroceder a la excepcionalidad de la IVE respecto al resto de decisiones sanitarias. Y ello sin generar mayor protección legal de los fetos, sino simple y llanamente -y sin siquiera la habitual coartada de tal protección- una mayor limitación a la libertad de las mujeres. Algo que viniendo de quien viene no es de extrañar, pero que ha de ser respondido contundentemente.

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Violaciones en España: Una cada siete horas

Ariadna tenía 17 años. El pasado 7 de septiembre acudió a comisaría para denunciar que había sufrido una violación; su testimonio no terminó de resultar convincente para los agentes, que volvieron a citarla horas después para tomarle nuevamente declaración. Tampoco entonces parecieron creerla. El agresor fue detenido, y puesto en libertad tras confesar que había sido una relación consentida. Tres días después, Ariadna se ahorcó.

Seguramente nunca lleguemos a conocer con certeza qué pesó más en su decisión de suicidarse: si la agresión sexual en sí o la desconfianza, ese pasar de ser víctima a sospechosa, la falta de compasión. No lo sabremos, pero Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, se pregunta “en qué cabeza humana cabe que a Ariadna le costase cuatro horas poner la denuncia por violación. O que, pese a que nosotras pedimos intimidad absoluta, en el momento de su declaración hubiera cuatro policías, tres de ellos varones. Eso era impensable hace unos años”. Una década atrás, asegura esta veterana de la lucha contra la violencia sexual, “en las comisarías se aplicaba correctamente el protocolo de actuación para tratar a las víctimas de este delito. Pero hace unos cuatro o cinco años este trato empezó a deteriorarse y muchas víctimas, especialmente latinoamericanas, comenzaron a ser cuestionadas, interrogadas, presionadas. De hecho, fuimos a la Policía a preguntar por qué estaba pasando esto y se nos dejó entrever que había habido una orden por parte de la Magistratura indicando que se filtraran muy bien estos delitos…”.

Algo parece haber cambiado. Amalia Fernández Doyague, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, llega a hablar incluso de “un retroceso ideológico total y absoluto en la sociedad”, salto hacia atrás que, añade, ha sido “muchas veces amparado por políticos de este país». Y pone como ejemplo las declaraciones delalcalde de Valladolid, ese “me da reparo entrar en un ascensor con una mujer por si se arranca el sujetador o la falda”.

La violación de Ariadna es una de las más del millar que se producen cada año en nuestro país. Exactamente una cada siete horas, más de tres al día. En 2013, según la última memoria del Ministerio del Interior, se contaron 1.298 en España, 18 más que el año anterior. Esta cifra atañe únicamente a “agresiones con penetración”, es decir, que no incluye un sinfín de abusos sexuales en los que la mujer no llega a ser penetrada. El número de denuncias es mucho mayor: 2.859 correspondientes a menores, y 10.621 presentadas por adultas, según la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas. Pero es mucho más lo que se silencia, asegura Tina Alarcón: “Aunque es un delito que no se puede callar nunca, cada vez hay más mujeres que no denuncian. Dicen: ‘Para qué'”.

“Hemos hecho conquistas legales, pero se sigue sospechando que la mujer provoca la situación. El delito comienza a partir del momento en que la mujer dice ‘no'”.

Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas

La visión de Acracia Infante aporta un matiz diferente. La fundadora de la webmehanviolado.org -desde la que se pretende ayudar y orientar a las víctimas de violencia sexual– no ve tan clara la idea del retroceso ideológico: “La mentalidad es la misma de siempre”. Pero sí apunta que ahora se está hablando mucho más de las violaciones, y eso permite que aflore “el sentir real de buena parte de la sociedad. Somos muchos quienes estamos tratando de visibilizar la ‘cultura de la violación’; no es de extrañar, entonces, que salgan también voces contrarias diciendo que no es para tanto”.

Cultura de la violación. Con este concepto, importado del mundo anglosajón, se define ese conjunto de creencias que justifican la violencia sexual hacia la mujer. Aunque raro es el varón -o incluso la mujer- que reconozca compartir esta cultura (de la misma manera que nadie justifica un asalto con navajas en mitad de la calle), en cuanto empezamos a escarbar aparecen las raíces profundas que todavía hoy alimentan buena parte de dichas creencias: “Se tiende ajustificar, o a encontrar menos grave, una violación en la que la mujer iba vestida con ropa supuestamente provocativa, cuando existía un tonteo previo, si ella había accedido a subir a casa del agresor o en caso de que ambos “hayan tenido relaciones sexuales con anterioridad», argumenta Acracia Infante. “Que se estén justificando continuamente tantos crímenes sexuales hace que los violadores no se sientan como tales”.

Tanto es así que muchas veces la mujer tampoco llega a pensar que ese acto que se ha producido contra su deseo supone una violación. “Nosotras somos nuestras peores enemigas”, denuncia Fernández Doyague, “venimos arrastrando una educación por culpa de la cual es muy frecuente que las propias madres justifiquen la agresión: ‘Pero dónde andarías, con las pintas que llevas, te lo vengo diciendo…’ Y, al final, comienzan a sentirse responsables de lo que les ha ocurrido”.

Más allá del entorno, ella, como jurista, quiere hacer especial hincapié en esa parte de la instrucción en que “lo primero que se enjuicia es lahonestidad de la mujer: cómo iba vestida, a qué hora se produjo la agresión, de dónde venía, a dónde iba, si tenía novio… Son circunstancias ajenas a los hechos que, en ningún caso, deberían aparecer en la instrucción. Pero lo hacen, y son esos mismos factores los que luego aparecen reflejados en los medios de comunicación”. Y, aunque reconoce que se han conseguido avances legislativos, matiza que “no se han producido en la mentalidad de los propios legisladores”.

De forma de pensar nos habla también Tina Alarcón: “Hemos hechoconquistas jurídicas, pero la opinión pública continúa con el mismo criterio de los años 70: se sospecha que la mujer provoca la situación. En Derecho Penal, esa figura de la provocación no existe. Hay que dejar claro que el delito comienza a partir del instante en que una mujer dice que no, sean las circunstancias que sean. Pero muchas adolescentes callan y no denuncian, porque entienden que han estado coqueteando más de la cuenta”.

“La propia amenaza de ser violadas funciona como un mecanismo patriarcal que condiciona el comportamiento cotidiano de las mujeres”.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Fundación de Mujeres Progresistas.

Los prejuicios son los mismos de antaño, pero en los últimos años se está produciendo un nuevo fenómeno: el de la desconfianza en la veracidadde las denuncias.

Según datos del Fiscal General del Estado, se estima que el número dedenuncias falsas por violación ronda el 0,01%. “Es algo absolutamente minoritario, pero basta que suceda una vez para que aparezca en todos los medios”, señala Infante. Pensemos en el último caso, el de la denuncia por violación en la Feria de Málaga el pasado verano: la supuesta víctima se desdecía hace unos días de su declaración y argumentaba que se lo había inventado para evitar que se difundiese el vídeo que le habían grabado mientras mantenía relaciones sexuales con los acusados. La joven ha sido condenada a 10 meses de cárcel y 2.160 euros de multa. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta historia, pero ¿cuántos de ellos recogen alguna de las violaciones que se denuncian diariamente?

El problema de las denuncias falsas es que contribuyen a perpetuar lacultura de la violación. Tal y como escribía Concha Caballero, exdirigente de Izquierda Unida, “si la chica de Málaga mintió en su denuncia, merece toda nuestra reprobación y el castigo legal correspondiente. No solo ha acusado falsamente a un grupo de jóvenes, sino que su caso será utilizado para justificar los miles de crímenes que se cometen contra las mujeres”. Y la cuestión se complica aún más con el megáfono de las redes sociales, que se han hecho ampliamente eco de la falsedad de esta denuncia y han sembrado dudas sobre la veracidad de otras.

Si no fuera por esta alusión al mundo de las nuevas tecnologías, posiblemente dudaríamos de que todo esto esté ocurriendo en pleno 2014. Las recomendaciones que ha hecho este mismo verano el Ministerio del Interior para prevenir las violaciones parecen como de otro siglo: comprarse un silbato, correr las cortinas de casa, no acercarse a desconocidos… Carmen Montón, secretaria de Igualdad de la nueva Ejecutiva del PSOE, afirmaba en Twitter que estos consejos son “una forma de meter miedo, culpabilizar a las mujeres y eludir responsabilidades”. Y Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, asegura que “la propia amenaza de ser violadas funciona como un mecanismo patriarcal que condiciona el comportamiento cotidiano de las mujeres”.

Ante esto ¿qué se puede hacer? Las expertas apuestan por la necesidad de denunciar y apoyar a la mujer en ese difícil momento de la denuncia. Y la importancia de evitar que se acabe culpabilizando a la víctima. También están convencidas de que el cambio pasa por esta máxima. “No eduques a tus hijas para que no las violen; educa a tus hijos para que no nos violen”, afirma Acracia Infante.

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Marchas en toda España para defender el derecho al aborto

Miles de mujeres han marchado este domingo por las calles de 38 ciudades españolas para celebrar la retirada de la reforma de la ley del aborto y la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia y exigir al Gobierno que “suspenda cualquier amenaza” a este derecho y retire el recurso de inconstitucionalidad a la norma vigente.

En una jornada marcada por un ambiente festivo, unas 3.000 personas, convocadas por la Coordinadora Feminista, han marchado por el centro de Madrid para exigir al Gobierno que suspenda “cualquier amenaza al derecho al aborto” y que “no utilice” al Tribunal Constitucional para restringir este derecho de las mujeres, en alusión al recurso interpuesto por el PP a la actual ley.

Bajo el lema “Nosotras decidimos. Aborto libre”, ha transcurrido esta manifestación, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han podido escuchar eslóganes como “Ni Estado, ni religión. En mi cuerpo mando yo”, “Fuera el aborto del código penal” o “Estado laico, leyes laicas”.

“Reafirmar el derecho al aborto libre significa que ninguna mujer puede ser forzada a una maternidad no deseada y tampoco cuestionar la decisión de interrumpir su embarazo”, ha afirmado una portavoz de la coordinadora en el manifiesto leído al final de la marcha.

“UNA VICTORIA CLARA”

La retirada de la reforma es “una victoria clara y rotunda del Movimiento Feminista, de la sociedad civil y de todos los agentes sociales que se han movilizado por el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y proyecto de vida”, han destacado las manifestantes en un comunicado leído al final de la marcha.

“Reafirmar el derecho al aborto libre significa que ninguna mujer puede ser forzada a una maternidad no deseada y tampoco cuestionar la decisión de interrumpir su embarazo”, han afirmado.

Este derecho supone “el reconocimiento de las mujeres como personas moralmente autónomas, responsables, libres y sujetos de derecho al igual que el resto de la población”, han subrayado.

Han pedido que el aborto esté fuera del código penal y que se regule como un derecho de todas las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado “sin ningún tipo de discriminación”.

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COMUNICAT DE L’APFCIB: Celebrem l’èxit per la retirada de la Contrareforma de la Llei d’Avortament aconseguida gràcies als moviments de dones i de defensa dels Drets Sexuals i Reproductius

Des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), volem manifestar públicament la nostra satisfacció per la retirada de la Contrareforma de la Llei d’Avortament que proposava el Govern del PP. Una Contrareforma que posava en perill la vida de les dones, la seguretat jurídica de professionals i vulnerava tots i cadascun dels Drets Sexuals i Reproductius reconeguts internacionalment.

Malgrat tot, el Govern del PP continua amenaçant amb abolir l’article de la llei actual que permet a les dones de 16 i 17 anys decidir sobre la seva maternitat, sense tuteles legals, en casos excepcionals avalats per professionals. Des de l’APFCIB volem mostrar el nostre rebuig a aquesta abolició perquè les dades i l’experiència ens asseguren que aquestes joves són el col·lectiu més vulnerable i desprotegit dins la generalitat de les dones que avorten.

El 87% de les dones de 16 i 17 anys que han interromput l’embaràs han anat a fer-se la intervenció acompanyades de la seva família. Tan sols el 13%, que són 500 joves de l’Estat espanyol a l’any, han sol·licitat l’avortament sense aquest acompanyament[1]. Cal destacar que totes aquestes dones han demostrat als i les professionals situacions personals de violència intrafamiliar, abusos sexuals, desarrelament, desemparament i/o coaccions, entre d’altres. Per tant, insistim en recalcar que aquest grup de joves és el més vulnerable i que quedaria desprotegit segons la nova amenaça del Govern del PP, abocant-les a posar en perill la seva vida buscant avortaments clandestins, per la impossibilitat d’informar a les seves famílies.

De la mateixa manera, exigim al Govern del PP que retiri el recurs d’inconstitucionalitat que va presentar davant del Tribunal Constitucional, seguint un acte de coherència política i de responsabilitat social. No tolerarem cap estratègia ni subterfugi que ens faci recular en la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius.

I un cop decidit que ja no volen amenaçar més la vida de les dones, exigim que desenvolupin les mesures preventives que estableix la llei vigent sobre l’educació sexual i l’accés als mètodes anticonceptius de forma que s’aconsegueixi una millora de la salut sexual i reproductiva de les persones.

Com a professionals expertes de la planificació familiar, donem suport a qualsevol mesura encaminada a afavorir la consecució d’un embaràs desitjat i d’una maternitat i paternitat digna, responsable i enriquidora.

Tanmanteix, sabem que les úniques iniciatives que han demostrat la seva validesa i fiabilitat són l’educació sexual, mitjançant mecanismes de col·laboració entre el sistema educatiu i el sanitari, i l’accés als mètodes anticonceptius, així com als serveis específics d’educació i orientació sexual culturalment adaptats a les necessitats de la població.

També, volem recordar i exigir al Govern i Parlament de Catalunya que compleixin amb celeritat el que va aprovar a la Resolució del 27 de setembre del 2013: una llei de Salut Sexual i Reproductiva pròpia per Catalunya.

Finalment, volem felicitar els moviments de dones i entitats que defensen els Drets Sexuals i Reproductius per la seva incansable trajectòria en la defensa dels drets de les persones. Aquesta ha estat una batalla guanyada, però la lluita continua.

Perquè les lleis han de garantir drets i no abolir-los. Ens veiem al carrer, perquè el diumenge 28 de setembre, DIA INTERNACIONAL PER LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT, ho celebrarem i demanarem més!

Per a més informació poseu-vos en contacte amb:

Sílvia Aldavert 663917170

Maria Ferrero 629490939 

Santiago Barambio 670246982



[1] MUJERES 16 Y 17 AÑOS QUE NO HAN PODIDO COMUNICAR A SUS PADRES LA INTERRUPCIÓN DE SU EMBARAZO. INVESTIGACIÓN- ACAI (2011)

http://www.acaive.com/pdf/mujeres-16-y-17-anos-interrupcion-de-su-embarazo-investigacion-17-11-11.pdf