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Les ONG deploren les promeses “buides” del Govern contra la Sida i exigeixen polítiques immediates

La Plataforma Unitària ONG-Sida de Catalunya, coneguda com a Comitè 1r de Desembre, ha lamentat aquest dilluns les promeses “banals i buides” del Govern en la lluita contra la Sida, i ha exigit polítiques immediates per potenciar les mesures de prevenció i suport als malalts i a les seves famílies.

“Deixin d’enganyar amb falsos compromisos i posin-se a treballar de veritat. Estem farts”, ha sentenciat la presidenta de la plataforma, Montserrat Pineda, en l’acte institucional del Dia Mundial de la Sida, que ha arrencat amb el desplegament d’un tapís memorial a les façanes de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, tots dos brodats per familiars de víctimes d’aquesta malaltia.

Amb un discurs molt crític amb el treball de les administracions catalanes, Pineda ha acusat la Generalitat de prioritzar els “criteris econòmics per adjudicar contractes públics al voltant de la lluita contra la Sida i menyspreant la qualitat que ofereixen les entitats” del sector. “Si seguim així, el teixit associatiu desapareixerà perquè les entitats ja no poden sostenir-se sense recursos”, ha alertat, i ha criticat que el Govern porti un any de retard en els pagaments a les entitats.

Segons ha afegit, les polítiques de prevenció són inexistents i l’atenció directa a les persones que viuen amb el VIH està cada vegada més devaluada: “Les polítiques són a data d’avui incapaces de donar una resposta efectiva a la complexitat de la Sida a Catalunya”. També ha lamentat que l’acord per fer front al VIH i contra l’estigma relacionat, aprovat per unanimitat al Parlament el 6 de març, hagi quedat “en paper mullat i no s’estigui desplegant”, i ha advertit que aquesta situació està portant a les entitats al col·lapse i als malalts a l’abandó.

Impagaments de l’Estat

La consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, Neus Munté, ha lamentat les “dificultats que estan passant les entitats socials”, a causa de la manca de recursos econòmics, i ho ha atribuït als impagaments de l’Estat i a la falta de liquiditat de la Generalitat. Ha emplaçat a les entitats a una reunió per abordar la situació, i ha recordat que aquest any ha estat “especialment positiu” per al sector, tenint en compte l’aprovació de l’Acord Nacional i de la Llei contra l’homofòbia, pionera a l’Estat.

Per la seva banda, el responsable de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Josep Oliva, ha lamentat que les entitats critiquin el sistema de contractació pública: “No som una empresa de subhastes i la nostra prioritat és el benestar de les persones. Seiem a parlar”. Pineda li ha retret que la Diputació de Barcelona hagi optat per adjudicar el programa contra la Sida a les escoles a l’empresa que ha presentat una oferta més barata i no a les entitats del sector.

 

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El diagnóstico de riesgo alto de maltrato a mujeres cae un 31%

El número de diagnósticos policiales que acaban con la imposición de medidas de protección permanente a víctimas de violencia machista ha bajado de forma considerable en los últimos años. Según un informe enviado en marzo por el Ministerio del Interior al PSOE tras una petición formal en el Congreso, entre 2010 y 2013 la cifra de valoraciones de riesgo alto cayó un 31% y la de riesgo extremo se redujo un 46%. En cambio, las de riesgo medio, que solo exigen una vigilancia ocasional de la mujer, aumentaron un 3,1%.

Estos datos podrían interpretarse de forma optimista, como un indicador de que la situación está mejorando, pero las últimas cifras de crímenes machistas desmienten esa tendencia. El porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado su situación previamente acaba de alcanzar uno de sus máximos históricos desde que se realiza este recuento, hasta llegar al 31,8%. Solo en 2006 se superó por una décima ese tope, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad.

Cada mujer que denuncia una situación de maltrato es sometida a una valoración policial para evaluar el nivel de protección que necesita. El protocolo aprobado en 2008 determina que si no se observa riesgo, no se debe tomar ninguna medida. Si el diagnóstico es de riesgo bajo, se facilita información y recomendaciones. En los de riesgo medio se establece una vigilancia ocasional y aleatoria, con la posibilidad de ingresar en un centro de acogida. Solo en los casos en los que se aprecia riesgo alto y extremo se impone una vigilancia permanente tanto de la víctima como del agresor.

44 víctimas mortales

  • El informe remitido por el Ministerio del Interior al PSOE recoge que en 2010 se realizaron 40.108 valoraciones policiales de riesgo medio, que en 2013 subieron a 41.424 (3%). Las de riesgo alto pasaron de 13.242 a 9.079, lo que supone un descenso del 31%. Las de riesgo extremo bajaron de 3.369 a 1.806, un 46% menos.
  • El número de valoraciones que realizan cada año los cuerpos policiales no equivale al número de mujeres que han denunciado en ese tiempo, pues una misma víctima puede ser sometida a una valoración inicial y después varias de seguimiento.
  • Según informó la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, en una comparecencia ante la Comisión de Igualdad el pasado octubre, desde el año 2006 y hasta el 30 de septiembre de 2014, el porcentaje medio de mujeres asesinadas que habían denunciado su situación era del 25,9%. La cifra actual supera con creces esa media: según la última actualización de la estadística oficial, 44 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2014. De ellas, 14 habían denunciado; es decir, el 31,8%.

La diputada socialista Ángeles Álvarez, que fue quien solicitó el informe al Gobierno, advierte de que estas cifras revelan que algo está fallando en el sistema. “No hay ningún indicador ni ninguna modificación en el protocolo que pueda justificar este cambio de tendencia. Al contrario, tenemos más mujeres asesinadas que habían denunciado previamente, lo que quiere decir que se valoró mal el riesgo que corrían y no se las protegió adecuadamente”, apunta. “Es sospechoso que justo los dos niveles de valoración que bajan son los que obligan a una vigilancia permanente mientras sube el que no la exige, y que esto coincida con un descenso en los presupuestos y recursos de los cuerpos policiales. No hay explicación para eso, salvo un posible relajo”, opina.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género no tiene una explicación para este cambio de tendencia. “No se ha bajado la guardia ni tampoco los recursos destinados a proteger a las víctimas. Al contrario, tanto el Ministerio del Interior como el de Justicia y el de Sanidad están colaborando para hacer más eficientes todos los sistemas. Las cifras sobre violencia de género son muy oscilantes, no pueden sacarse conclusiones de subidas o bajadas en las estadísticas porque nunca hay una única causa. Igual que no puede decirse que desciende la violencia de género si bajan los asesinatos, lo contrario tampoco puede afirmarse”, explica un portavoz. “Se está trabajando precisamente en la mejora del cuestionario que la policía utiliza para hacer las valoraciones de riesgo. Y se está trabajando también para mejorar la coordinación entre la policía y los juzgados y el seguimiento continuado de las víctimas”, añade.

El PSOE preguntará esta semana al Gobierno por esta cuestión en el pleno del Congreso. Además, hace unos días registró una proposición no de ley que plantea una revisión del sistema de valoración de riesgo que incluya un análisis de todos los casos de asesinatos en los que hubo denuncia previa para saber si se cometieron errores de apreciación de riesgo. El texto plantea también realizar revisiones cada vez que se produzca el mínimo cambio de circunstancias.

Coincidiendo con la celebración este martes del Día Internacional contra la Violencia de Género, los socialistas han pedido la comparecencia de la ministra se Sanidad, Ana Mato, para evaluar los 10 años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género. A principios de septiembre Mato reunió a todos los grupos parlamentarios para analizar cómo se puede mejorar la norma, pero desde entonces no se ha vuelto a realizar ningún movimiento en esa dirección.

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El 90% de las menores de 16 y 17 años que abortan informan a sus padres

El 12,38% de las menores de 16 y 17 años que abortan en clínicas privadas en España lo hacen sin que ninguno de sus padres o tutores acredite que está informado. El dato procede de un estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y, aunque deja fuera las intervenciones que se realizan en centros públicos, puede tomarse como referencia porque más del 90% se hacen en las privadas. “Es un porcentaje mínimo que contradice el argumento de que la mayoría de las menores abortan sin informar a sus padres, que está utilizando el Gobierno para justificar su intención de eliminar la parte de la ley que permite a estas menores abortar sin conocimiento de sus padres”, ha subrayado esta mañana la presidenta de ACAI, Francisca García, durante la presentación del informe.

Tras confirmar en septiembre la retirada de la reforma del abortoelaborada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón –que dimitió tras fracasar el proyecto-, el presidente Mariano Rajoy anunció que solo cambiar la norma de 2010 para asegurar que todas las menores necesiten el consentimiento paterno. El Ejecutivo tiene previstointroducir esta modificación en el proyecto de Ley de Protección de la Infancia, que planea aprobar antes de fin de año.

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De Franco a Superpop, enseñando a ser mujer por los siglos de los siglos

‘Complace al hombre, vive por y para sus necesidades, porque sólo así lograrás cazar uno y conservarlo. Ese es tu objetivo vital. Lo necesitas’. Desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días éste ha sido el mensaje de las revistas femeninas españolas. Basta echar un simple vistazo a las viejas páginas de Sección Femenina (revista para mujeres de la dictadura de Franco) y otro a las de Cosmopolitan o Superpop para ver con claridad cómo las ideas siguen siendo las mismas: consejos que alimentan estereotipos de género desiguales y que, de manera intencionada o sin intención, contribuyen a invisibilizar la violencia de género.

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