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Las sinrazones de la ley Gallardón

A veces, para poder desmontar el discurso del contrario se hace imprescindible entrar en sus argumentos. Dicen los populares que la “no disminución del número de abortos” y nuestra elevada tasa de interrupciones están entre las principales razones para promover la Ley de Aborto que presentan. Sin embargo, la obstinada realidad les desmiente, ya que el número de abortos ha descendido en 2012 un 5’1% en nuestro país. Por otra parte, nuestra tasa de aborto se sitúa en la media de la Europa Occidental, en torno al 12 por 1000, muy alejada de la tasa de aborto internacional, un 28 por mil. El 70% de esas interrupciones se realizan antes de la semana 8 por voluntad de la mujer y con total garantía sanitaria, por lo que no parece que ni los abortos tardíos ni la seguridad sanitaria y jurídica puedan ser otras de las razones esgrimidas como motores del cambio. Tampoco la tan manida “demanda social”, ya que el 85% de la sociedad civil opina que solo la mujer debe decidir sobre su maternidad.

ACAI considera que la reforma de los populares en contra de lo “pretendido” conseguirá el efecto contrario: el aumento del número de interrupciones, dado que la derogación de la actual regulación supone también la derogación de una normativa relativa a la educación sexual, prevención, anticoncepción… ;políticas que son las únicas que pueden contribuir al descenso en el número de abortos en nuestro país. Por otra parte, al no permitir el aborto en base a la grave enfermedad del feto y contemplar un plazo máximo de 22 semanas para abortar, se aumentarán los abortos preventivos.

Asimismo, y tal y como acreditan los principales organismos internacionales, a nadie debería pasar desapercibido que las leyes restrictivas como la que quiere aprobar el PP no solo no disminuyen el aborto sino que provocan éxodos abortivos e interrupciones clandestinas e inseguras.

Otra de las razones que sostiene el Partido Popular para apuntalar su anteproyecto es la estimación de que el nasciturus no está protegido al mismo nivel que la mujer y que tal circunstancia ha de ser subsanada. Y ciertamente así es, ya que es obvio que constitucionalmente la mujer, que es persona, no está ni puede estar al mismo nivel en derechos que el nasciturus, sino por encima de él, cuando se produce un conflicto. Y así lo avala la sentencia del T.C cuando afirma que “la vida del nasciturus no tiene el mismo rango de protección que el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la privacidad de la mujer”

Dicen también los populares que es “necesario dar eficacia al asesoramiento, a la asistencia y a la información clínica proporcionada a la mujer embarazada”. Es decir, se afirma que se incumple la actual norma que obliga precisamente a dar ese asesoramiento a la mujer para que esta tome una decisión libre e informada. En este sentido, desde ACAI hemos requerido al promotor del anteproyecto que aclare sobre qué extremos se estima que no se informa a la mujer en la actualidad. En definitiva, qué vulneraciones de la norma, a su juicio, se están produciendo. Ante la ausencia de respuestas, nos tememos que lo que el PP busca en realidad es abrir la puerta a que el asesoramiento de la gestante se convierta en un desfile de personas, relacionadas o no con la mujer, ante las que esta tenga que exponer su intimidad. De hecho, el término “aceptación tácita” incluido en el texto en relación al asesoramiento, nos parece a los profesionales una invitación descarada a que puedan adentrarse en la intimidad de la mujer personas cuyo objetivo único sea combatir el aborto.

Dice también el Ministro de Justicia que con su anteproyecto buscan hacer partícipes a los progenitores, tutores o curadores en la toma de decisión de las menores o personas que necesitan de complemento para decidir sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En este sentido, tenemos que afirmar que tres de cada cuatro mujeres de 16 y 17 años acuden acompañadas de uno de sus progenitores. La cuarta, la que acude sola, o está emancipada de hecho, casada, ya es madre…o no puede contar con ninguno de sus tutores porque por razones ideológicas, morales o religiosas, o por su propia seguridad física no puede hacer partícipe a sus padres de la situación.

En esta línea de pensamiento, el Gobierno pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para crear un nuevo procedimiento urgente que, en caso de conflicto, complete la falta de capacidad de las menores. Este proceso “ad hoc” prevé un periodo de 15 días para tramitar todo el proceso. Creer que durante ese tiempo se tramitará un procedimiento judicial que agote la primera y segunda estancia y se celebrará una vista previa solicitud con el emplazamiento anterior de todos los interesados, es desconocer absolutamente la situación de los Juzgados y Tribunales españoles. Es configurar en definitiva un procedimiento innecesario, de imposible cumplimiento y de tal amplitud de interesados que casi se convierte en una broma la calificación del proceso de “actuaciones reservadas”

Dice el Partido Popular que quiere defender la libertad y la intimidad de la mujer. En este sentido quisiéramos señalar que para cualquier mujer abortar en nuestro país se convertirá en una carrera de obstáculos médicos, administrativos y jurídicos tendentes a limitar de forma clara las posibilidades de abortar, incluso en aquellos casos puntuales no penalizados por la norma. Un periplo médico y vital completamente tutelado y “público” que puede llegar a situar a la mujer en semanas de gestación que impidan en sí mismas el aborto por límite temporal. En definitiva, con esta carrera de obstáculos, el Estado español contravendrá la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “que recomienda a los países no estructurar su marco jurídico de tal forma que se limiten las posibilidades legales de obtener un aborto”.

La propuesta normativa no cuenta con el largo recorrido que le impone a la mujer que pretenda abortar en forma legal; ese recorrido impide la salvaguarda de la intimidad de la mujer y la protección eficaz que la norma pretende  toda vez que los documentos que se generen (certificado de asesoramiento e información; los certificados de los especialistas, etc…) deben de ir de un sitio para otro y en cada lugar nuevo al que llegue la mujer, necesariamente deberá identificarse y demostrar que los documentos que le permiten justificar haber superado cada fase le corresponden a ella y no a otra mujer.

Esta norma que nos quieren imponer en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, este proyecto de ley contrario a la Resolución 1607 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que recomienda a los Estados apostar por despenalizar el aborto en los plazos de gestación razonables; este anteproyecto que es la única promesa de su programa electoral que han cumplido nos aleja de Europa, invisibiliza a nuestras mujeres y devuelve a la más absoluta inseguridad jurídica a los profesionales. Y esos sí son argumentos reales y de peso que invalidan la tendenciosidad moral con la que se pretende justificar esta reforma.

Los conservadores bloquean un informe sobre salud sexual en la Eurocàmara

Los eurodiputados conservadores han bloqueado esta mañana la votación de un informe sobre derechos sexuales y reproductivos en el Parlamento Europeo. El documento, que debía recibir hoy el visto bueno del pleno de la Eurocámara, urgía a los países a implantar programas de educación sexual obligatorios en colegios e institutos, a garantizar la disponibilidad de anticonceptivos baratos o gratuitos, a no criminalizar el aborto o a evitar que se discrimine a mujeres solas o lesbianas en el acceso a los tratamientos de fertilidad. Sin embargo, el texto no se ha votado. Tras las reticencias al documento de parlamentarios liberaldemócratas (ALDE), populares (PPE) y conservadores reformistas (ECR), este se ha devuelto a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de la Eurocámara para ser retocado.

El informe, elaborado por la socialista portuguesa Edite Estrela, había sido objeto de polémica durante las últimas semanas entre los grupos políticos y los lobbies más conservadores, queconsideran que la introducción de contenidos obligatorios de educación sexual en las escuelas significa conceder a los estados la potestad de la educación en esa materia, en lugar de a los padres. Un argumento muy similar al que han manejado en España decenas de familias objetoras a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. También se oponían al contenido del informe que hace referencia al aborto seguro y la objeción de conciencia.

“Hay una campaña en toda Europa de los sectores más conservadores para frenar la legislación más progresista. Hay quienes quieren incluso que las leyes actuales en materia de salud sexual y reproductiva retrocedan 30 años, como ocurre en España con el derecho al aborto”, critica Estrela por teléfono desde Estrasburgo, donde se iba a votar el informe, haciendo referencia a la modificación de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El documento elaborado por Estrela solicita también a los Estados miembro que garantizasen a sus ciudadanas el acceso a un aborto seguro o que, si en sus países está prohibido, que se abstengan de evitar que las mujeres viajen a otros Estados para someterse a las intervenciones.

El documento de la socialista portuguesa documenta también que ni siquiera en todos los países donde la interrupción voluntaria del embarazo está permitida es sencillo acceder a ella. El panorama que dibuja es desigual entre los 27 países de la UE. En algunos, como Italia, Eslovaquia o Hungría, donde el 70% de los médicos se niegan por razones de conciencia a practicar esta intervención, las mujeres lo tienen muy difícil. “La objeción siempre tiene que ser un derecho individual y no colectivo y no puede suponer la imposibilidad de que una persona pueda acceder a un servicio sanitario”, indica Estrela. En su documento reclama también a los países que prohíben o restringen esta práctica hasta hacerla casi inaplicable –como Malta, Polonia o Irlanda– que no criminalicen a las mujeres que se sometan a ella ni a los médicos que la practiquen.

Reclamaciones criticadas por organizaciones como la Comisión de Episcopados Católicos de la Comunidad Europe a (Comece), que han argumentado que toda competencia relacionada con la interrupción del embarazo o la salud sexual son del Estado y no de la UE.

Además de la solicitud del acceso a un aborto seguro, el documento que debía votarse hoy pide en un gran número de puntos a los países que apliquen más medidas de prevención y de educación para frenar el embarazo adolescente y la transmisión de enfermedades. Solicita a los Estados miembros que garanticen a toda la población métodos y centros de planificación familiar adecuados a sus necesidades, e insiste en que los recortes económicos y la crisis no pueden suponer un lastre para el acceso a los anticonceptivos y otros elementos importantes en materia de salud reproductiva, como las mamografías o las revisiones ginecológicas.

Puntos fundamentales para la diputada socialista española Iratxe García, que ha criticado el veto de los conservadores al informe. “Un grupo retrógrado y conservador ha intentado bloquear esta iniciativa que lucha contra la desigualdad de las mujeres en materia de salud sexual”, denuncia por teléfono. “Es alarmante que se esté rechazando votar un informe que habla de prevención del embarazo adolescentes, de salud sexual y de aborto seguro”, añade.

Plaza teme que con el bloqueo y la vuelta del informe a la Comisión de Mujer éste no salga adelante en esta legislatura, que finaliza en abril. Estrela, sin embargo, es más optimista e insiste en que se le dará prioridad. “Tampoco creo que con las enmiendas y modificaciones se toque el fondo, solo la forma”, considera la portuguesa.

Nuevo retraso en la ley del aborto

La reforma del aborto se retrasa de nuevo. No se aprobará este mes de octubre, el último plazo que dio el ministro Gallardón. Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde también ha resaltado que el proyecto está “avanzadísimo”, aunque asume la responsabilidad para introducir aún más cambios.

Es el cuarto retraso que acumula la polémica reforma, como consecuencia de una división de opiniones dentro del Gobierno durante su elaboración. “Si no cumplimos la matemática exacta, agosto, septiembre y octubre, sería porque nos demorasemos unas semanas en la presentación del proyecto”, ha insistido.